"Hemos dado un paso muy importante", destacó esta tarde la ministra de Educación Adriana Delpiano, luego que el Senado despachara el proyecto de ley corta de gratuidad universitaria para el año 2016.

La iniciativa pasará a tercer trámite, donde la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre los cambios introducidos hoy por el Senado. 

La iniciativa se aprobó en general por 22 votos. Si bien la UDI y RN valoró los cambios introducidos al proyecto, se abstuvieron argumentando que requieren mayor análisis.

Otros cuatro incisos que se sometieron a votación en particular fueron aprobados, con distintos resultados.

Durante esta mañana el Gobierno desplegó intensas tratativas con los parlamentarios de oficialismo y oposición asegurar los votos. 

La propuesta apunta a introducir mejoras en las becas y el trato para los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica. Esto luego que "Chile Vamos" amenazara con volver a recurrir al Tribunal Constitucional, acusando que la ley corta mantenía un trato discriminatorio hacia los estudiantes de esas casas de estudio. 

Los cambios al proyecto son los siguientes:

1) Duplicar el monto destinado al fortalecimiento a Universidades Estatales: Recursos se incrementarían de $2.500 millones a $5.000 millones. Esto se financiaría con los recursos de las casas de estudio privadas que -cumpliendo con los requisitos- no se sumarán al sistema. 

2) Nueva Alza en Beca Nuevo Milenio 3: Se elevaría el monto destinado a la beca para estudiantes de IP y CFT sin fines de lucro y que tengan más de cuatro años de acreditación.

El monto podría aumentar de $900.000 a $1.050.000 por alumno. Cerca de 55 mil estudiantes de los primeros cinco deciles se podrían ver beneficiados por esa alza. 

Este incremento se financiaría con los recursos que no se ocupen de la beca Nuevo Milenio 2, de aquellas instituciones que decidan mantenerse con fines de lucro.  

3) Igualar trato: Un tercer punto de las tratativas apunta a que de aquí a tres años se iguale el trato entre las Universidades y los IP y CFT. 

Gobierno negocia acuerdo para destrabar ley corta de gratuidad

Las posturas expresadas en el debate

Los cambios ingresados fueron valorados por el senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, quien dijo que si bien el proyecto de ley corta no cumplía con los puntos fijados por el TC, "en las conversaciones hemos podido apreciar que hay voluntad en el gobierno y la Nueva Mayoría de hacer ajustes".

"Estos cambios nos permiten pensar que sí se cumple el fallo y si se cumple nuestro objetivo de lograr la igualdad sin discriminación", expresó.

Por su parte, la senadora Ena von Baer argumentó su voto en contra de algunas partes del proyecto “porque en esas partes no se cumple con el tribunal porque se pide al alumno que cumpla con algo que la institución tiene que hacer, y eso va en contra del fallo del TC”.

“Se utilizan criterios que no son de calidad, sino que de otras cosas que tendrían que cumplir las instituciones”, explicó.

En tanto el senador RN José García Ruminot dijo que las indicaciones constituyen "un avance importante, y así quiero reconocerlo. El hecho que se va a creer un sistema que va a permitir la gratuidad en igual condiciones a los alumnos de CFT e IP sin duda es un avance"

Sin embargo, el parlamentario manifestó que "no hemos podido analizar alcance de indicaciones, por eso nos vamos a abstener en votación en general".

En tanto, el senador Francisco Chahuán dijo que, mediante los cambios introducidos al proyecto, "hemos asegurado la igualdad de trato y se ha dado una señal al gobierno, que cuando es posible dialogar es posible mejorar los proyectos de ley".

Desde el oficialismo la senadora y presidenta del PS, Isabel Allende, comentó que "estamos hablando de gratuidad como principio, debe ser un derecho garantizado y no un bien transable en el mercado. Estamos sentando un precedente y una herencia del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet".

Por su parte, el senador DC Ignacio Walker destacó que "hay un consenso creciente en torno a la necesidad de avanzar en gratuidad" y remarcó que el proyecto ha terminado "de una forma razonable".

Walker fundamentó su postura explicando que el texto incorpora entre sus elementos "la vulnerabilidad, porque no podemos discriminar entre alumnos igualmente vulnerables. Acreditación, que es una forma de registrar la calidad de una institución de educación, y no basta con estar acreditado, vamos a favorecer a las que tienen 4 años". 

Durante la jornada del martes, el proyecto fue votado por la Cámara de Diputados y por la tarde lo aprobó la Comisión de Hacienda del Senado con tres votos a favor, una abstención y un voto en contra.

La discusión en la Comisión de Hacienda estuvo marcada por la advertencia del Senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, quien expresó que ya hizo una reserva de constitucionalidad para poder recurrir al TC en caso de ser necesario.

¿Cómo funcionaría la gratuidad?

La gratuidad para el 2016 será extensiva para los estudiantes pertenecientes a los primeros cinco deciles de menores ingresos -$155.000 por cada integrante del grupo familiar- lo que se traduce en que cerca de 178 mil alumnos que cursen estudios en las universidades elegibles se verían beneficiados.

La ley corta busca entregar gratuidad a las 16 universidades estatales por “derecho propio”, mientras que a las privadas tradicionales (G9)  se les exigirían los mismos requisitos que a las privadas que no pertenecen al Cruch: contar con al menos cuatro años de acreditación y no lucrar.

Si bien el proyecto fija “la obligatoriedad de las universidades estatales de garantizar gratuidad a estudiantes", les plantea como requisito alcanzar, mantener o mejorar su acreditación institucional, de acuerdo a los criterios fijados para el resto de los planteles privados.

Son nueve las privadas fuera del Cruch que podrían acceder al beneficio, de las cuales dos ya han confirmado su ingreso (UDP y UCSH). La Alberto Hurtado anunciará hoy si entra. La Finis Terrae, Adventista, Autónoma, Adolfo Ibáñez, Mayor y De Los Andes no han confirmado si se adscribirán a la gratuidad. 

Por otro lado, los CFT e IP sin fines de lucro no ingresarán formalmente a la gratuidad, pero recibirían un incremento en las becas, como ya se detalló. Se proyecta que 144 mil estudiantes de la educación técnico profesional recibirán financiamiento en estas condiciones.

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