Por Javiera Barrueto
El lunes 15 de enero pasado el caso del ex piloto policial, Óscar Pérez, quien se rebeló en junio de 2017 contra el Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, dio la vuelta al mundo. Ese día los primeros antecedentes apuntaban a un intenso operativo policial que se desarrollaba en El Junquito, pequeño poblado ubicado a unos 21 kilómetros de Caracas. En el lugar se desató un intenso tiroteo, que finalmente terminó con la vida de Pérez y seis integrantes de su agrupación. Pocos minutos antes de morir, Pérez, con su cara ensangrentada y con el sonido de los disparos como telón de fondo, se grabó con un celular pidiendo el cese al fuego. Registró cinco videos que uno a uno, y en tiempo real, fue publicando en sus redes sociales ante el asombro mundial.
El gobierno de Maduro calificó como exitoso el operativo en contra de un “peligroso grupo terrorista”. La oposición, en tanto, amparada por organismos internacionales vinculados a los derechos humanos, catalogó la acción militar como una ejecución extrajudicial, por lo que Maduro arriesga incluso un juicio ante la Corte Penal Internacional.
El caso sin duda ha profundizado el deterioro de la imagen de Maduro, lo que se suma a la sorpresiva convocatoria a elecciones para el primer cuatrimestre de este año, lo que dejó sin margen a la oposición para presentar una alternativa competitiva.
En Chile, los efectos del régimen de Maduro se dejan sentir: en la Nueva Mayoría son pocos los partidos, salvo el PC, que defienden al sucesor de Hugo Chávez. De hecho, la última polémica se desató hace unos días en el aún oficialismo precisamente tras una serie de reuniones de los máximos dirigentes comunistas –entre ellos el presidente del PC Guillermo Teillier- con Jorge Arreaza, canciller venezolano que asistía en Santiago a la reunión ministerial de la Cumbre CELAC-China.
Pero es en el Frente Amplio, conglomerado que debuta en marzo como la tercera fuerza política con 21 parlamentarios (20 diputados y un senador), donde el tema de Venezuela divide las profundas aguas entre los 14 partidos y movimientos que se alinean con el gobierno venezolano y los que son abiertamente críticos.
“Es un tema complicado”, dicen en el bloque donde aseguran que los temas de política internacional “dividen, más que unir”.
Aunque los dirigentes aseguran que no se ha abordado la discusión en las últimas reuniones de la mesa política del conglomerado, principalmente porque la agenda está marcada por el arribo en marzo al parlamento y la configuración de la oposición a Piñera, consideran inevitable que se busque pronto una posición meridianamente común.
La primera señal de que no hay uniformidad se dio en julio del año pasado cuando Revolución Democrática (RD), a la sazón el partido más grande del bloque, publicó en su sitio web una declaración en la que rechazaba que el gobierno de Maduro fuese una dictadura, destacando que la creación de la Asamblea Constituyente convocada entonces fue realizada y ratificada en democracia; y que el gobierno fue electo a través de la votación de los ciudadanos. En la misiva, además, se le reconoció responsabilidad al oficialismo en la crisis política y social. Pero se agregó que “no podemos desconocer el papel que ha tenido la oposición venezolana en la agudización y empeoramiento de la situación nacional”.
El partido fundado por Giorgio Jackson recibió críticas por la ambigüedad de su discurso, pero también se abrió una discusión interna sin conclusiones definitivas.
Aunque el tema hoy no es prioridad en el bloque, las noticias llegadas desde Caracas siguen obligando a los actores políticos a fijar posiciones. Persisten posturas intermedias en los partidos más conocidos como RD, la Izquierda Autónoma y el Movimiento Autonomista, pero hay otros colectivos menos conocidos que defienden a ultranza el gobierno de Maduro, lo que se contrapone con lo que piensan, por ejemplo, los liberales de Vlado Mirosevic.
Sin posición única
Un camino intermedio es el que tomó en agosto pasado el Movimiento Autonomista de Gabriel Boric y Jorge Sharp, entre otros, al emitir una declaración pública en la que si bien solidarizan con los procesos de cambios impulsados por los gobiernos bolivarianos expresan su preocupación por “la crisis social, económica y política que se viene produciendo en el país, que está amenazando de manera muy grave su estabilidad institucional y la posibilidad misma de un debate y disputa política democrática, junto con vulnerar derechos básicos y la vida cotidiana de venezolanas y venezolanos”.
“Lo que está sucediendo no es un tema que en el continente deberíamos desatender”, dice por otro lado el presidente del Partido Humanista, Octavio González, quien además es categórico en rechazar todos los actos de violencia que han ocurrido en Venezuela. “Esto no puede terminar en una escalada de violencia que finalmente acabe en una Guerra Civil, esa es nuestra preocupación hoy día”, agregó.
Por su parte, la presidenta del Partido Poder, Karina Oliva, lamenta el fallecimiento de Pérez y asegura que “tanto el gobierno de Nicolás Maduro e incluso la oposición deberían buscar los encuentros para esclarecer esta muerte”. Además valoró el acercamiento que se dio el lunes pasado en República Dominicana entre el Gobierno y la oposición venezolana con el fin de dialogar para buscar soluciones a la crisis que vive ese país. Otro colectivo donde aún no hay una posición es el Movimiento Democrático Progresista (MDP) que, de todas maneras, discutirá una posición común el próximo 3 de febrero.
Entre los partidos y movimientos con una posición más definida se encuentran el Partido Igualdad, el Movimiento Democrático Popular (MDP) y Nueva Democracia del ex dirigente social Cristián Cuevas.
El presidente del Partido Igualdad, Guillermo González, es categórico a la hora de juzgar a Pérez: “Hoy día se instala como víctima a un terrorista” y agrega que “si bien entendemos que en Venezuela hay una democracia en crisis, eso no les da (derecho) a los militares golpistas de atentar contra el gobierno, democráticamente elegido por el pueblo venezolano”, dice cerrando filas con Maduro.
Asimismo, en el Movimiento Democrático Popular (MDP) destacaron que existen dos versiones tras los hechos; la del propio gobierno y el de la oposición, lo que debe ser investigado. Además su vicepresidente, Esteban Silva, criticó la intervención de Pérez en junio pasado y sostuvo que “no sé cómo se rotula de combatiente a una persona que estuvo involucrada en actos de terrorismo y el acto de terrorismo está establecido por la jurisprudencia internacional y Pérez hizo y cometió acciones que estaban absolutamente fuera de la ley y la institucionalidad venezolana”.
Elecciones presidenciales ¿Fraude o acto democrático?
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC), órgano oficialista que gobierna con poder total, decretó adelantar las elecciones presidenciales en Venezuela a más tardar para el próximo 30 de abril. Y es que originalmente los comicios estaban contemplados para el segundo semestre de este año, ya que así lo establece la Constitución venezolana.
En este tema también existe discrepancia entre los integrantes del Frente Amplio. Así, están los grupos más cercanos a las ideas impulsadas por el chavismo, quienes apoyan el cambio de la fecha para los próximos comicios, proceso que podría dejar seis años más a Nicolás Maduro en el poder.
“Todo país tiene el legítimo derecho de decidir los caminos institucionales que ellos han adoptado. Venezuela, está operando a través de un proceso constituyente que está en marcha” sostiene el integrante de la mesa ejecutiva de Nueva Democracia, Cristián Cuevas. Asimismo, es enfático en criticar el rol que ha cumplido la oposición con el gobierno chavista. “En general la oposición ha rechazado cualquier proceso de democracia”, sostuvo.
En esa misma línea y con el lema “Que los Pueblos Manden”, González de Igualdad, considera como “positivo” el adelanto en la fecha de las elecciones. “Creo que fue una buena decisión con respecto al gobierno. Creo que adelantar las elecciones fue lo mejor para salir luego de las dudas”.
Silva considera la resolución como un acto democrático. “A mí me parece muy positivo lo que ha hecho la Asamblea Constituyente, que es dar una salida. Y una salida significa convocar a elecciones democráticas. Yo creo que no hay nada más democrático que resolver los conflictos por la vía justamente de las elecciones”, advierte.
En contraste con estas agrupaciones asoma la postura contraria a Maduro empujada por el líder del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. “Esta crisis política en Venezuela se agudizó cuando Maduro y su gobierno convocaron a esta Asamblea Constituyente que obviamente tiene por objeto torcer la idea original de una Asamblea Constituyente. O sea, esto es un fraude abiertamente”. Asimismo, también, aseguró que uno de los principales objetivos de la Constituyente sería mantener el régimen chavista encabezado por Maduro. “Desde ese punto de vista, me parece que las elecciones de abril son una maniobra que busca dejar afuera a la oposición, fortalecer al gobierno y que el gobierno tenga más posibilidades de perpetuarse en el poder”, afirmó.
Visión con la que también coincide el presidente del Partido Ecologista Verde y diputado electo, Félix González, destacando que la situación venezolana ya no es “un Estado de Derecho” y que los plazos convocados se deberían respetar. “Adelantar las elecciones, impedir a algunos adversarios participar, claramente atenta contra el correcto desenvolvimiento de la democracia en Venezuela. Yo lamento mucho cómo ha llegado Venezuela a estar donde está”, dijo.
Mientras se da este debate, la semana pasada se reunió en Santiago de Chile el Grupo de Lima, alianza formada en agosto pasado y que tiene por finalidad buscar soluciones a la crisis venezolana. Este organismo rechazó el adelanto en los comicios para el primer semestre. Al término de la cita –integrada por 14 países– el canciller Heraldo Muñoz, sostuvo que “esta situación imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles”. Esta declaración estuvo seguida del anuncio del propio canciller de que Chile suspendía su participación en el proceso de mediación para una salida pacífica al conflicto. Al regreso de la actividad parlamentaria y con la inauguración del nuevo periodo legislativo el Frente Amplio se verá obligado a pronunciarse desde el Congreso. Esa será otra historia.
