Por Patricio De la Paz
Él no sabía de esto. Luciano Fouillioux -abogado, DC, con vasta experiencia en temas de derechos humanos- no estaba enterado de lo que el lunes 11 de septiembre anunció la Presidenta Bachelet: dar discusión inmediata al proyecto que levanta el secreto de medio siglo para los testimonios entregados en la primera comisión Valech, en 2003. Fouillioux dice que no conoce el proyecto. Y eso que es cercano a esta materia. Fue parte de las dos comisiones que tomaron el apellido de monseñor Sergio Valech -la primera en el gobierno de Ricardo Lagos; la segunda ocho años después - y que hoy significan beneficios de reparación para cerca de 40 mil personas que sufrieron prisión política y tortura en dictadura. Pero así y todo, él no sabía de este anuncio presidencial. Tampoco sabía el resto de los miembros de esas dos comisiones.
Dice Luciano Fouillioux que en estos días han hablado entre ellos por teléfono. Han intercambiado opiniones. Todos algo preocupados, porque coinciden en que lo que se debe respetar aquí es el resguardo de quienes entregaron sus testimonios. Cualquier proyecto que proponga levantar la reserva de este informe no puede pasarlos a llevar. Porque protegerlos fue un compromiso.
No sólo los miembros de la comisión Valech están inquietos con el tema. Dentro de la Nueva Mayoría hubo voces discordantes respecto de esta medida. La derecha también atacó, alegando un cambio en las reglas del juego para quienes entregaron testimonios. El miércoles el gobierno retiró la discusión inmediata al proyecto. Y se incluyó una indicación que obliga a los tribunales a resguardar la identidad de las víctimas que aparezcan en los testimonios a los cuales tendrían ahora acceso. Sentado en su oficina, en un séptimo piso de un edificio del centro santiaguino, frente a una taza con buen café, el abogado Luciano Fouillioux entra al tema que ha marcado esta semana.
-Ha dicho que no se va a obtener mucha más información levantando el secreto de 50 años de la primera Comisión Valech. ¿Por qué?
-Es así. La comisión Valech 1 tiene su origen en una iniciativa del Presidente Lagos y fue constituida por el decreto supremo 1040 del Ministerio del Interior, en 2003. Allí se establece con claridad que esta comisión no iba a tener características ni atribuciones jurisdiccionales; ésta no es una comisión para investigar violaciones a los derechos humanos sino para constatar violaciones a esos derechos y para proponer reparaciones. Entonces no fuimos hacia ese objetivo de determinar autorías. Además, en su grandísima mayoría las víctimas no supieron nunca quienes los torturaban. Actuaban encapuchados, y la víctima estaba vendada. Entonces la identidad del torturador para la víctima es extremadamente difícil de obtener por esa vía. Por eso no existe masivamente, tampoco en la comisión Valech 2, información que permita identificar autores.
-Si no habría avance en determinar autorías y con ello poco impacto en agilizar procesos judiciales, ¿cuál es la razón de este anuncio presidencial?
-No conozco el proyecto, pero entiendo la iniciativa de la Presidenta en torno a que siempre es bueno generar más información, robustecer el esclarecimiento del pasado y la protección del futuro en materia de derechos humanos. Sin embargo, entendiendo eso y estando de acuerdo de generar instancias judiciales de investigación, a mí me parece inaceptable que no se resguarde a las víctimas que declararon voluntariamente ante nosotros. En el mundo de las víctimas hay de todo. Hay gente que no tiene dificultad para que su testimonio fuera público. Pero hay otra gente, que no es poca, que no quiere eso. Sobre todo la que está vinculada a los abusos sexuales. Y hay otros que, aún sin abusos sexuales, fue tal el nivel de la humillación que no quieren que eso lo conozcan sus hijos o nietos. Esa gente que confió en esto, uno no la puede traicionar en aras de fines mayores o superiores del país. En eso soy irrestricto.
Si este proyecto no resguarda al 100% la identidad y el testimonio de la víctima sobre la base de pedirle su autorización, a nuestro juicio es un proyecto inviable
-¿El proyecto no ha hecho hincapié en una autorización expresa de las víctimas para levantar el secreto?
-Entiendo que no ha hecho ese hincapié, no se les ha consultado aún a las víctimas. Entonces quienes pudimos tener una cierta autoridad en el conocimiento de este tema, y trabajamos sobre ciertos parámetros, tenemos que defender esa posición. Si este proyecto no resguarda al 100% la identidad y el testimonio de la víctima sobre la base de pedirle su autorización, a nuestro juicio es un proyecto inviable.
-¿Por qué agilizarlo ahora, a 200 días del fin del gobierno, y no antes? Es un tema delicado para empezar a tratarlo en los descuentos…
-No sé. Coincido plenamente con eso. Desconozco las razones de la Presidenta y del gobierno para haber actuado así. Tendrán que tenerlas, me imagino, y tendremos que escuchar sus explicaciones. No creo que haya sido una situación imprevista. Pero yo lo desconozco. Son temas muy duros, muy profundos, y de mucho alcance.
-Da espacio a suspicacias. Podría ser leído como para sacar ventajas electorales previo a una elección.
-Bueno, es indudablemente el riesgo que tiene una iniciativa puesta en esta relación costo-oportunidad. Depende también de la intencionalidad del intérprete; por eso espero que se explique bien el motivo.
-Hace dos años el mismo gobierno había defendido este secreto ante la Corte Interamericana de DD.HH. ¿Qué pasó ahora?
-Son preguntas que merecen respuestas, y las debe dar el gobierno. Efectivamente tiene poca coherencia eso.
UNA SUGERENCIA
-La derecha dice que este proyecto cambia de las reglas del juego. Lo ha sostenido la senadora Van Rysselberghe, presidenta de la Comisión de DD.HH.
-Me parece que ésa es una lectura bastante básica, y lo digo con el respeto que me merece la senadora. Todos conocemos las posiciones de ella en esta materia: es una defensora a ultranza de los autores de estos flagelos. Ella está extremadamente contaminada en lo político; y en un tema de tanta delicadeza, creo que ella busca un acomodo interpretativo para desmejorar el proyecto atribuyéndole incoherencias. Lo original de la posición de la senadora es que aparece defendiendo a las víctimas y también a los victimarios. Es un delirio.
-El Presidente Lagos se mostró cauteloso con el anuncio de Bachelet. Dijo que “hay muchas personas que no habrían declarado si hubieran sabido que tendrían que exponer públicamente sus humillaciones”. ¿Suscribe a sus aprensiones?
-Totalmente. Mire, tengo un gran amigo de la vida, hace poco fallecido, un hombre público, que fue detenido en el Estadio Nacional, luego en Chacabuco, después estuvo 30 años en el exilio. En la confianza que siempre tuvimos, el par de veces que tocamos el tema de su prisión política, de su tortura, nunca quiso entrar en un solo detalle. Nunca. Y hablamos de un confidente muy cercano. Nunca me dijo siquiera que hubiera sido abusado sexualmente, y es probable que lo haya sido. La gente ha sido extremadamente cauta. Si ese partner mío de la vida no fue capaz de ir más allá, cómo habrá sido en el caso de personas que fueron abusadas. Entonces el Presidente Lagos tiene razón. Escúcheme: una mujer que fue violada en un recinto de detención militar, que resultó embarazada de esa violación, que tuvo a su hija en cautiverio y que después dio el paso brutal en la comisión y lo contó por primera vez junto a su hija que no lo sabía; ¿qué hace suponer que esa mujer quiera que su testimonio se conozca urbe et orbi? Es delicado.
Es inaceptable que algunos actores políticos vinculen pactos de silencio con el secreto de la comisión Valech
-Habrá víctimas que se incomodarán… El senador Harboe dijo que ocho ya se lo habían manifestado. Lo mismo el senador Montes. Que una sola se incomode es complicado, ¿no?
-Mire, recién la mañana del miércoles tuve una primera conversación con el gobierno al respecto. Si queremos ser coherentes con las políticas públicas, con los valores, con la ética, ¿qué pasa si dejamos las cosas como están, pero asumiendo el propósito de la Presidenta se diga: todas las víctimas que quieran que sus casos se conozcan públicamente si un tribunal lo pide, autoricen a que su carpeta sea entregada? Dejemos las cosas como están y que a los 90 días de vigencia de la ley todos los que no tengan dificultad en que sus casos se conozcan, o que renuncien al secreto, lo expliciten al presidente de la Corte Suprema, ante el Instituto de Derechos Humanos, en el Ministerio de Justicia...
-¿Por qué no se lo sugiere al gobierno?
-Se lo sugerí. A la subsecretaría de Derechos Humanos.
EL GERMEN DEL SECRETO
Hay una situación que tiene irritado a Luciano Fouillioux. “Han habido elementos muy precipitados que yo quiero atribuirlos a la ligereza y a la situación política: es inaceptable que haya algunos actores políticos, da lo mismo quienes, que se hayan permitido instalar una vinculación de pactos de silencio con la naturaleza del secreto de la comisión Valech. Eso es inaceptable”.
-Se sabe quiénes son esos actores, lo han dicho en los medios. Como el diputado del PC, Hugo Gutiérrez.
-Bueno, los que sean… La iniciativa del Presidente Lagos no merece tener ni un hálito de sospecha en torno a eso. Es ofender todo el trabajo hecho. Es ofender a las víctimas que confiaron en nosotros, porque si se supone que 30 mil personas fueron a estos operadores del silencio es no conocer a las víctimas, es no conocer la estatura moral de monseñor Valech, es ofender a toda la comisión, sugiriendo que estábamos en esta operación de silencio para privilegiar a los torturadores. Es inaceptable. Si no se aclara por parte del gobierno, nosotros lo seguiremos diciendo, porque no lo vamos a aceptar.
-En la minuta del proyecto se dice que ex presos políticos y organizaciones de DDHH dicen que los 50 años de secreto se puso después, al tramitar en el Congreso las medidas reparatorias y no al momento de dar el testimonio. Usted afirma lo contrario: que la gente pidió resguardo, que por eso se motivaron a declarar…
-Todos tenemos razón. Es decir, efectivamente cuando se constituye la comisión y las víctimas concurrieron a entregar su testimonio no había una ley, como la que posteriormente sancionó las reparaciones y el secreto (en 2004). Sin embargo, el decreto supremo 1040 que crea la comisión Valech, en el artículo 5, inciso final, dice: “todas las actuaciones que realice la comisión, así como todos los antecedentes que reciba, tendrán el carácter de reservado para todos los efectos legales”. Este es el germen del posterior secreto. Así se le explicaba a las víctimas. No había ley al momento de entrega de la información, cierto. Pero estaba el marco jurídico.
En este país se ha sufrido mucho, ha corrido mucha sangre, nos hemos demorado muchos años, hemos logrado establecer y honrar a las victimas tardíamente, por eso tenemos que resguardar con prolijidad lo que se está haciendo. No podemos exponernos a un salto al vacío
-¿Por qué en la comisión Valech 2 no se estipuló secreto para los testimonios?
-En honor a la verdad, desconozco exactamente la razón, pero debo suponerla: el criterio me indica que en Valech 2 ya existía cierta inquietud respecto del secreto de 50 años de Valech 1.
-¿Entre quiénes existían inquietud?
-Desde el mundo de las agrupaciones de derechos humanos. Seamos francos: las agrupaciones siempre han tenido un estándar de exigencia superior, y eso no me parece mal. Seguramente algunas ya habían reparado que eso no les satisfacía, y a algunos partidos políticos tampoco les gustaba.
-Que Valech 2 no tenga secreto, ¿puede ser argumento para quitarlo a Valech 1?
-Puede ser un argumento a favor del alzamiento del secreto, porque hay un tema de coherencia: si Valech 2 no lo tiene, ¿por qué va a tenerlo Valech 1? Pero aún cuando eso tenga lógica, hay que entender que es una realidad distinta: está la ley en Valech 1, y no en Valech 2, que mandata resguardar a la víctima que no quiere que se sepa. En Valech 2 la víctima sabía que no había secreto; y los que tenían problema con eso posiblemente no fueron.
SIN SALTO AL VACÍO
-La Corte Suprema se pronunció a favor del anuncio. Dijo que esos delitos de lesa humanidad importan a la humanidad y conocerlos en detalle se considera un bien superior. ¿Está de acuerdo?
-Es complejo eso. Vuelvo a insistir: puede ser un bien superior, nadie puede negarse a mirarlo de esa manera; sin embargo la Corte Suprema o la clase política o los gobiernos tendrán que entender que nadie, ninguno de ellos, se puede irrogar con legitimidad el derecho a revictimizar por segunda vez a quien ha sufrido un atropello de esta envergadura. Si en el pasado la autoridad militar no respetó la integridad física ni síquica de estas víctimas y las victimizó para toda su vida, ¿quién se puede arrogar el derecho que los últimos 20 años de su vida se debe revictimizar de nuevo en aras de un bien superior, para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Quién dijo que esa gente tenía que inmolarse en la vida? ¿Por qué imponerles esa carga?
-El proyecto dice que sólo los tribunales tendrían acceso a la información, pero usted ha dicho que, salvo excepciones, no existen investigaciones reservadas y eso sería poner la información en conocimiento público…
-Así es. Argumentar que estas causas están, por procedimiento antiguo, bajo secreto de sumario…
-…que es lo que se explica desde la subsecretaría de Derecho Humanos
-Sí, pero es un argumento feble, y ya se los dije. Primero, el secreto de sumario dura en tanto el juez quiere que dure, y por ley está limitado. Segundo, no hay secreto sumario en los juicios cuando pasan a plenario, es todo público. Tercero, la experiencia comparada indica que siempre la información judicial, que es una fuente inagotable de información para la prensa, es filtrada. A mí nadie me puede asegurar que eso es efectivamente a prueba de resguardos totales, nunca ha sido. Lo que se tiene que entender en que nosotros queremos cooperar, pero no a cualquier costo ni prisa. Aquí en este país se ha sufrido mucho, ha corrido mucha sangre, nos hemos demorado muchos años, hemos logrado establecer y honrar a las victimas tardíamente, por eso tenemos que resguardar con prolijidad lo que se está haciendo. No nos podemos exponer a un salto al vacío.
