Por Paula Comandari
“Respecto de la gestión de mi patrimonio personal y de las sociedades en que participo, además del cumplimiento estricto de la letra y espíritu de lo establecido en la Ley 20.880, junto a mi familia hemos decidido adoptar un conjunto de iniciativas de carácter voluntario, para que este patrimonio sea administrado e invertido, de manera de evitar cualquier conflicto de interés con el ejercicio de la Presidencia”.
Esta fue parte central de la declaración pública leída este jueves por Sebastián Piñera en su nuevo comando de campaña. Tal como lo venía prometiendo hace meses, dos días después de haber inscrito su candidatura para las primarias del 2 de julio, el ex Mandatario hizo un anuncio en que asegura cumplir con la promesa de ir más allá de lo que dicta la ley sobre probidad en la función pública.
Se trata de una decisión política y financiera clave y compleja, pues su fortuna ascendería a US$ 2.500 millones y el anuncio tiene un alcance bastante mayor a lo incluido en el fideicomiso voluntario de 2009, que abarcó solo a las inversiones en Chile: unos US$ 400 millones.
En su declaración de patrimonio e intereses, entregada el martes al Servicio Electoral (Servel), incluyó activos que la normativa le exige (negocios abiertos en bolsa), pero además -explican desde el entorno del ex Mandatario-, incorporaron de manera voluntaria otros activos, tanto personales como de algunas sociedades en las que participa.
Sería la fórmula que encontró el equipo que lideró el tema de cómo administrar el patrimonio de Piñera, si es elegido nuevamente Presidente, para intentar cerrar el flanco que lo ha perseguido en los últimos meses: su vínculo entre la política y los negocios.
Un frente que no deja de acosarlo, al punto que el mismo día en que concretó un anuncio considerado un “hito” de su campaña, recibió en su oficina en Apoquindo 3000 al fiscal regional Manuel Guerra, quien lo interrogó en el marco de la investigación del caso Bancard (que indaga la compra de acciones a la peruana Exalmar mientras Piñera era Presidente y las negociaciones del proyecto minero Dominga).
¿Cuánto abarca?
El anuncio vendría a paliar un vacío que quedó dando vueltas: si los negocios en sociedades cerradas, limitadas, o por acción en los que participa el candidato presidencial estarán también bajo un fideicomiso ciego. En el entorno de Piñera dicen que no, y que la manera de evitar acusaciones por tráfico de influencia o conflictos de interés es que la gente sepa exactamente qué negocios tiene el ex Mandatario. Por ejemplo, si participa en inversiones inmobiliarias, o terrenos que dependan de vaivenes regulatorios. Datos sobre los que podría haber más luces una vez que el Servel vise la declaración y la haga pública.
La ley, que rige desde hace un año, lo obliga a trasladar todos sus activos abiertos en bolsa a “Mandatos de Administración Especial de Cartera”. Solo en los que él aparezca como titular. Piñera -por motu proprio- decidió incluir, además, todos aquellos en los que está ligado a través de sociedades, incluida Bancard, empresa en la cual sólo participará de su propiedad, no de la gestión ni de su administración.
Piñera y su mujer Cecilia Morel se retiraron completamente de Inversiones Bancorp, sociedad en la que participaban en forma minoritaria junto a sus hijos. El candidato presidencial, decidió, además, que Morel realice su declaración de intereses y patrimonio, tal como lo hizo él, para despejar las dudas acerca de lo que ambos poseen, pese a que la ley sólo obliga a hacerlo cuando los matrimonios tienen un régimen sin separación de bienes, sistema que ellos no adquirieron.
El rol de los hijos
Aunque sus cuatro hijos están fuera de toda restricción distinta de la que se le aplica a cualquier ciudadano, se obligaron a realizar fideicomiso voluntario sobre acciones de sociedades chilenas abiertas en bolsa, un resguardo que sus cercanos consideran adecuado para evitar que se le abran nuevos flancos.
“El resto es sólo prudencia”, dicen desde el entorno de Piñera. Ahora, aunque muchos afirman que el ex Mandatario les puso un “gravamen” a sus hijos, tampoco los limita respecto a negocios que realicen en sociedades cerradas, limitadas o por acción, algo que también podría ser blanco de críticas, tal como le sucedió a la presidenta Bachelet, con el terreno que su hija Sofía tenía cerca del proyecto minero Dominga.
Aun cuando hubo incertidumbre total acerca de si Piñera iba a incluir sus activos en el extranjero, algo que sus amigos más cercanos hasta esta semana ponían en duda, Piñera decidió incluirlos en un fideicomiso ciego voluntario, y fue más allá: planteó la posibilidad que sea un agente internacional el que maneje parte de su patrimonio, algo que sus críticos, dicen, debiera ser una regla para todas sus inversiones, porque daría garantía de independencia, frente al escenario que sean bancos de inversión nacionales, con quienes suele tener grados de cercanía, y son más proclives a recibir “sus recomendaciones”.
Un tema que habría que aclarar es si las inversiones en fondos que a su vez invierten en la Bolsa estarían contemplados en el fideicomiso. En el círculo íntimo del ex presidente afirman que la idea es aplicar “una administración pasiva, es decir, inversiones en fondos mundiales grandes, donde el aporte de Piñera no pese, y con activos repartidos por actividades y en distintas partes del mundo”. Algunos de sus críticos aseguran que de invertir en un fondo, que a su vez invierte en la Bolsa, no estaría cumpliendo con la promesa de que sus activos invertidos en bolsa afuera estarían bajo un fideicomiso. Es más: un dictamen de la Controlaría, de hace algunos meses, interpretó que la Ley de Probidad, en su artículo 26, incluye las acciones que la persona tenga directamente, pero también en forma indirecta.
El tema que queda en terreno de dudas es qué sucede si Piñera invierte en un fondo, que a la vez pone sus fichas en algún negocio cerrado, pero catalogado como “peligroso”, una empresa de armamentos, por ejemplo. Es una de las materias que debieran aclararse, cuando se comiencen a implementar estos anuncios.
