El miércoles de esta semana, el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, se reunió con los fiscales de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, para analizar el oficio que deben enviar prontamente al Senado, en respuesta al reclamo público hecho el 6 de septiembre por el presidente de la corporación, Andrés Zaldívar (DC).
La jugada de los legisladores luego de que la Fiscalía decidiera investigar las asesorías realizadas en el Senado, sorprendió a los tres persecutores: si bien sabían lo complejo que sería que la Cámara Alta accediera a la petición del Ministerio Público, jamás imaginaron que en voz de Zaldívar y del senador UDI, Hernán Larraín, terminarían por rebelarse a la solicitud de entregar antecedentes.
Luego que se conocieran informes para el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier, presuntamente copiados de información pública del Congreso, fue Gajardo quien le propuso a Guerra investigar al parlamentario. El fiscal metropolitano dio su visto bueno, pero amplió la mira a toda la Cámara Alta, consciente de las críticas que podrían desatarse apuntando a una eventual “operación política” contra el periodista, a dos meses de las elecciones presidenciales.
Como sea, las quejas vinieron de todas formas. Y no sólo del Congreso, también del propio Fiscal Nacional, Jorge Abbott, quien transmitió a los persecutores la conversación que tuvo con Zaldívar, en la que este reclamó que la diligencia crea un manto de sospecha sobre la actividad de los parlamentarios que atenta seriamente sobre el principio de no culpabilidad.
"Me está llamando todo el mundo, ¿de qué se trata esto”, le habría consultado Abbott a los fiscales, con evidente incomodidad.
En el Ministerio Público describen que el estilo de Abbott – ex Mapu y DC durante su juventud-, ha sido evitar una confrontación con otros poderes del Estado.
A esa altura, sin embargo, la decisión de Guerra de investigar al Senado ya estaba tomada y no había pie atrás. La razón era muy simple: no estaban dispuestos a “abrir una puerta” para que los legisladores comenzaran decidir qué debe investigar la fiscalía y qué no.
El riesgo de la orden judicial
En el Ministerio Público son conscientes de que un enfrentamiento con los senadores tendrá costos complejos para la institución persecutora. Los fiscales tienen claro las formas en las que la Cámara Alta podría hacerles pagar por una investigación judicial a 60 días de las elecciones parlamentarias, donde una porción importante de los incumbentes apuesta a reelegirse.
Primero, si el Senado decidera mantener su rechazo a entregar información, la opción más extrema sería solicitar la documentación a partir de una orden judicial.
Sin embargo, en la Fiscalía hay quienes consideran que esa jugada podría generar un golpe mediático irrecuperable para la Cámara Alta, con la PDI allanando computadores de los legisladores.
Como sea, para llegar a ese extremo primero un juez debe dar luz verde a la orden judicial. En caso de que se accediera, pero acotando la diligencia solo a algunos casos, terminaría siendo una derrota para el Ministerio Público.
Pero el riesgo de una fallida orden judicial no es el principal temor en la Fiscalía. Los persecutores saben que, en medio de la discusión del presupuesto 2018, otro de los costos es una eventual disminución de recursos para el Ministerio Público. Esto, tomando en cuenta que se ha instalado de manera transversal que el próximo erario debe ser especialmente austero por la situación económica del país.
Además, en la Fiscalía han seguido con preocupación la moción presentada por un grupo de diputados de Chile Vamos, para que se establezca la “acusación constitucional” a los fiscales nacionales y regionales del Ministerio Público.
La fiscalía sabe que, en medio de la investigación a todos los parlamentarios y sus asesorías contratadas, el riesgo de iniciar una suerte de ‘guerra fría’ será inminente.
La decisión de los fiscales
Así las cosas, en los últimos días los fiscales comenzaron a debatir dos alternativas para responder al oficio enviado por el Senado: acotar la solicitud sobre los informes, pero agregando en el mismo oficio que no se descarta la petición de nuevos antecedentes.
La otra alternativa es mantener la misma solicitud, pero reiterar por escrito que no se trata de una investigación a los senadores, sino a los asesores y la calidad de los informes. Lo anterior, sería un gesto que buscaría calmar los ánimos entre los legisladores que vienen reclamando una persecución del Ministerio Público.
Mientras los persecutores se demoran en tomar una decisión, los llamados desde el Congreso continúan día y noche, y el principal argumento esgrimido es la necesidad de “cuidar las instituciones”.
