59 carillas conforman el recurso de protección que interpuso la académica Roxana Pey tras su polémica remoción del cargo de rectora de la Universidad de Aysén.
En el escrito presentado por el abogado Pablo Villar se califica como “un acto arbitrario e ilegal" el decreto que selló su salida del cargo. Según sostiene, el documento "priva, perturba y/o amenaza a mi representada en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales a la libertad de emitir opinión, la igualdad ante la ley, la libertad de enseñanza, el respeto a su honra, la integridad psíquica y el derecho a de propiedad en sus diversas especies”.
Junto con esto, su defensa sostiene que el decreto de remoción constituyen una “desviación de poder" por parte de las autoridades encargadas de firmar el decreto, que en este caso fueron el ministro de Interior, Mario Fernández, y la subsecretaria de Educación Valentina Quiroga, quien ejercía de ministra subrogante.
La referida "desviación de poder" apuntaría al supuesto "ejercicio de competencias o potestades públicas para fines y objetivos distintos de los que sirvieron de supuesto para otorgarle esa potestad, amparándose en una supuesta legalidad formal del acto”.
Roxana Pey fue destituida del cargo el 27 de julio pasado. De acuerdo al Mineduc, esto se debio a que se trataba de un cargo de confianza del Ejecutivo mientras durara esta etapa transitoria hasta la publicación de los estatutos de la casa de estudio.
De acuerdo al Mineduc los planteamientos de Pey en materia de financiamiento institucional no habían considerado el debate público sobre la gradualidad y avance de la gratuidad universitaria. Adicionalmente, su propuesta buscaba considerar un sistema especial de acceso para los alumnos.
El decreto fue visado por la Contraloría el pasado 12 de agosto, tras lo cual la académica debió dejar sus funciones. "Esto es una intervención de una universidad pública y estatal, se atenta contra la autonomía universitaria y eso es preocupante”, dijo Pey en esa oportunidad.
