Este martes la Sala de la Cámara de Diputados dio cuenta del ingreso del proyecto de reforma a la educación superior.
La iniciativa -de 175 páginas- crea una nueva institucionalidad, con una Subsecretaría y una Superintedencia a cargo de la fiscalización de los planteles. En cuanto a la calidad, se establece la acreditación obligatoria de todas las instituciones de educación superior, y se crea un nuevo marco de cualificaciones.
También se propone un nuevo marco de financiamiento público, y se condiciona el avance de la gratuidad hacia los quintiles de mayores ingresos al cumplimiento de objetivos en la carga tributaria, la que se medirá de acuerdo a la proporción de ingresos estructurales del Estado como porcentaje del PIB tendencial, que corresponde a la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo.
Por ejemplo, para llegar al sexto decil de gratuidad en 2018 se deberá alcanzar un 23% (actualmente es un 21,5%). Para avanzar al 70% de menores ingresos se deberá llegar a un PIB tendencial al 23,5%.
Una fórmula que genera reparos de parlamentarios de la Nueva Mayoría y estudiantes. En tanto, economistas han advertido sobre lo complejo que será llegar a cumplir los requisitos fijados en el proyecto.
ESTE ES EL PROYECTO
