Hasta la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados llegó esta tarde la ministra del área, Adriana Delpiano, a exponer sobre el proyecto de reforma al sistema universitario.

La iniciativa, que ingresó ayer, establece una nueva regulación al sistema de educación superior y fija una ruta hacia la gratuidad universal. 

En la comisión -donde comenzará la tramitación del proyecto- existía expectativa en torno a la exposición. En especial porque parlamentarios del propio oficialismo que integran la instancia han cuestionado la fórmula escogida por el gobierno para condicionar el avance de la gratuidad al cumplimiento de metas de crecimiento de la economía.  Otro de los temas que cuestionan parlamentarios de la Nueva Mayoría apunta a la convivencia del Crédito con Aval del Estado y la gratuidad. 

Pese a esto, la instancia se concentró únicamente en la exposición del gobierno y se dejaron las preguntas para una siguiente sesión. 

Mientras la ministra Delpiano se concentró en realizar una exposición sobre los fundamentos y ejes del texto (ver subtítulo), la subsecretaria del área, Valentina Quiroga, explicó el mecanismo con que avanzará la gratidad. 

Así, para el próximo año la propuesta del Ejecutivo es incorporar a los CFT e IP. Quiroga reconoció que "eso es algo que vamos a discutir a través de la ley de presupuesto, para incorporarlos a partir del próximo año, que cuenten con 4 años de acreditación, que sean sin fines de lucro y tengan un sistema de admisión transparente y objetivo".

"Al 2018 se avanza hacia el 6 decil y para ir avanzando en los deciles superiores se exigen condiciones de sostenibilidad de las finanzas públicas, empleando como indicador a los ingresos estructurales del Estado, como porcentaje del PIB tendencial", agregó. 

Tal como establece el proyecto cuando se llegue a un PIB tendencial de 23,5% se cubrirá hasta el 7° decil. Cuando este indicador suba un punto -al 24,5- se llegará al 8°. 

Luego que se aumente dos puntos -26,5- se cubrirá al 9° decil. Y cuando se alcance un a 29,5% se llega al decimo decil. Es decir, gratuidad universal.

“El aumento de un decil a otro no es parejo dado que existen ayudas estudiantiles hasta el séptimo decil el avance de la gratuidad va siendo cada vez más costoso", explicó la subsecretaria.

Hoy la Presidenta Michelle Bachelet realizó una fuerte defensa del mecanismo escogido por el gobierno: "porque somos responsables es que hemos propuesto un mecanismo realista por un lado, gradual, para que vamos poco a poco haciéndolo universal, hasta llegar a que sea universal".

La Mandataria añadió que la gradualidad "es la mejor manera de poder garantizarla y que no haya vuelta atrás, aunque tengamos que tomarnos un póquito más tiempo del que hubiéramos querido". 

Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, afirmó que "este proyecto de ley tiene, sin ambigüedades, un camino hacia la gratuidad universal y está garantizado si se aprueba este proyecto que Chile va a llegar a la gratuidad universal".

Esto luego de la preocupación que generaron sus declaraciones formuladas ayer, cuando dijo que con la actual carga tributaria se podía financiar "cierto" avance de la gratuidad y que "si Chile tuviera esa plata, la pregunta siguiente, que debiera hacerse la sociedad y que el proyecto de ley pone sobre la mesa es: queremos usar toda esa plata en educación superior, o hay otras necesidades también que compiten con esta: salud, educación primaria o secundaria, pensiones".

Otros ejes del proyecto

Nueva institucionalidad: El proyecto entrega un nuevo marco regulatorio, cuya fiscalización estará a cargo de la Superintendencia de Educación Superior, que se creará para efectos de "garantizar que los recursos de las instituciones de educación superior sean íntegramente utilizados para el desarrollo de la docencia, investigación e innovación, vinculación con el medio, respetando su autonomía".

En tanto, la subsecretaría de Educación Superior tendrá un rol de colaboración directa con el Mineduc en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas, planes y programas destinados al desarrollo, promoción y mejoramiento continuo de la calidad en la educación superior.

Calidad y acreditación: El proyecto establece que se pasará de la actual acreditación voluntaria a un sistema obligatorio, y se fijarán tres niveles: A, B y C. En caso de que una institución no logre este reconocimiento se nombrará a un administrador provisional. En caso de que no se logre acreditar al plantel intervenido en un plazo de 3 años, se decretará su cierre.  

La acreditación estará a cargo del Consejo para la Calidad de la Educación, que viene a reemplazar a la actual CNA. Esta nueva instancia medirá cinco áreas, que serán obligatorias: Gestión institucional, sistema interno de calidad, docencia y formación, investigación, innovación. 

"Con el proyecto no puede funcionar una institución que no está acreditada", enfatizó Delpiano.

Fortalecimiento de la educación superior estatal: El proyecto establece que “el objetivo de proveer un sistema de educación mixto y diverso requiere contar con un conjunto de instituciones estatales fortalecido que desarolle todas sus funciones bajo los principios propios del servicio público”.

La iniciativa señala que “el fortalecimiento de la educación superior estatal es un objetivo central”. Para esto se propone crear una red de instituciones estatales, coordinada por la subsecretaría.

Financiamiento: El proyecto señala que mientras se alcance la gratuidad universal los planteles contarán con aranceles regulados, que serán determinados por un panel de expertos.

Con todo, el proyecto establece que se aplicarán aranceles diferenciados según la situación de los alumnos. A los alumnos del 60% al 70% más vulnerable no podrán cobrar más del 20% del arancel regulado. En tanto, a quienes estén en el octavo y noveno decil se les podrá cobrar hasta el 60% por sobre el arancel regulado. 

Cambio en el sistema de admisión: Tal como explicó la ministra el proyecto propone revisar el sistema de pruebas estandarizadas, como la PSU.

"Sus resultados están altamente correlacionados con el origen socioeconómico de los postulantes, reforzando con ello la reproducción el el tiempo del patrón de la segregación", sostiene el texto.

Según dijo la ministra a los parlamentarios será tarea de la Subsecretaría de Educación "encontrar una mejor formula". 

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"Se establecen definiciones y medidas claras para que se cumpla la ley que prohíbe el lucro". Esta fue la única mención que realizó anoche, en cadena nacional, la presidenta Michelle Bachelet respecto de una de las principales demandas de los estudiantes.

 

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