Sigue la polémica por el proyecto de gratuidad universitaria que impulsa el gobierno y que comenzará a regir el próximo año, según se detalló en el Presupuesto 2016 ingresado al Congreso.
Este jueves el rector de la Universidad Católica (UC), Ignacio Sánchez, envió una carta a la comunidad de su casa de estudios -a la que tuvo acceso T13- donde reitera sus reparos a la reforma en la educación superior.
"En términos generales, la propuesta carece de una definición clara respecto de respetar la diversidad de proyectos educativos y de potenciar las misiones institucionales; por el contrario establece condiciones a las instituciones que adscriban al sistema de gratuidad, las que vulneran su autonomía por medio de la capacidad de desarrollo de la institución y en su forma de gobierno. La gratuidad no puede ser un medio para controlar la autonomía universitaria", parte indicando la misiva.
Sánchez apunta a "serias incertezas y dudas respecto de los recursos que se dispone para hacer efectiva la gratuidad" y advierte que para las instituciones "esta falta de certeza es preocupante ya que incide en el presupuesto; y para las familias lo es aún más, ya que no disponen de información clara respecto del escenario de financiamiento para la educación de sus hijos".
"El proyecto establece el financiamiento de la gratuidad a través de un 'arancel regulado', el que se calculará agrupando a las universidades según sus años de acreditación y promediando los valores de referencia de sus carreras. Esta propuesta implica un déficit para las universidades y el consiguiente riesgo institucional. Esto nos obligaría a asumir parte del presupuesto de gratuidad, bajando para ello la calidad académica y disminuyendo presupuestos que van en beneficio del proyecto educativo de los estudiantes", agrega.
El rector también destaca que la iniciativa plantea el financiamiento solo para la "duración formal" de la carrera, lo que generaría complicaciones en la UC, donde sólo el 37% de los alumnos termina la carrera sin atrasarse.
"Son justamente los jóvenes más vulnerables quienes presentan las mayores brechas académicas, y por ende demoran más tiempo en terminar la carrera. Con esta modalidad, el Estado transfiere la responsabilidad del financiamiento a las instituciones, con el consiguiente perjuicio para su desarrollo", recalca.
En el mismo texto el académico muestra su preocupación por la inclusión del financiamiento a la Educación Superior por medio de una glosa del Presupuesto. "Cuando en el pasado se ha tomado esta vía, las experiencias no han sido positivas en la medida en que ello se presta para legislar políticas públicas con instrumentos que son esencialmente financieros y que no tienen que ver con un acuerdo país sobre temáticas de esta relevancia", señala.
"En resumen, hasta ahora y bajo las condiciones descritas, la UC no puede adherir a esta propuesta de gratuidad. De hacerlo pondríamos en riesgo nuestra autonomía, potencial de desarrollo y financiamiento de la universidad. Seguiremos trabajando y colaborando, con apertura y sentido de bien común, en todas las instancias que sean necesarias para sacar adelante un proyecto que asegure el acceso a una educación de calidad, en especial de los jóvenes más vulnerables", finaliza la carta.
Sánchez no es el único que ha expresado su opinión negativa frente a la forma en que el gobierno ha presentado el proyecto. El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, indicó en Tele13 Radio que "el problema de la gratuidad, no sólo para la UDP, sino para el conjunto del sistema de educación superior es una cuestión de economía política. La gratuidad va a lesionar total o parcialmente, pero sí de manera severa, a muchas instituciones. No les va a permitir seguir el curso o la intensidad en las actividades que desarrollan".
