Un tenso debate marcó la sesión de la comisión mixta que analizó el proyecto que busca rebajar la dieta parlamentaria y de otras autoridades.
El organismo fue constituido para zanjar las diferencias entre las cámaras durante la tramitación de la iniciativa. Esto pues los diputados aprobaron una rebaja del 50% del sueldo de los congresistas, mientras que en el Senado no se habló de porcentaje, sino que se entregó la decisión a la Alta Dirección Publica. Sin embargo, este último cambio no fue aprobado en tercer tramite por un número suficiente de diputados (quórum), por lo que se fue a una mixta (revisa las claves del proyecto ingresando a este enlace).
Al iniciar la sesión el diputado Gabriel Boric -uno de los promotores del proyecto original, presentado en 2014- hizo una nueva propuesta, tras admitir que la rebaja del 50% "no tiene viabilidad política". Aunque se abrió a que sea un ente externo, la ADP, la que determine la rebaja transitoria, planteó la necesidad de fijar un techo.
Para esto, el representante del Frente Amplio propuso que la rebaja no sea menor a un 30%, tal como se lo propuso semanas atrás el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a sus pares del gabinete.
La propuesta, sin embargo, no fue acogida por sus pares, quienes por 8 votos se inclinaron por mantener la fórmula del Senado: esto es que sea la Alta Dirección Pública la que dije una rebaja transitoria del sueldo de las autoridades a la espera de que se cree un organismo encargado de este propósito.
Eso sí, con un ligero cambio: ahora serán 90 días en lugar de 60 los que tendrá la entodad para fijar la rebaja. Esto fue aprobado por todos los miembros de la mixta, salvo por Boric y Leonardo Soto (PS). En esta misma línea, la indicación del parlamentario por Magallanes de fijar un piso de rebaja fue rechazada por 8 votos.
La única indiación del Frente Amplio que logró el respaldo de la mixta fue una que establece que la decisión de la ADP se tomará "considerando la realidad económica del país y análisis de política comparada". Eso sí, en un segundo intento y en medio de una vuerte controversia.
La normativa establece que junto con los parlamentarios se verán afectadas otras autoridades: ministros, subsecretarios, jefes superiores de servicio, gobernadores regionales, delegados presidenciales, delegados presidenciales provinciales y funcionarios de exclusiva confianza de carácter político.
Es esta la propuesta que deberá ratificarse en las próximas horas por ambas corporaciones. De concretarse, la rebaja de la dieta parlamentaria quedará en condiciones de convertirse en ley.
Conceptos clave
Dieta parlamentaria: corresponde al monto mensual que reciben los legisladores por su labor, y que por ley equivale al que reciben los ministros de Estado.
La dieta asciende a $9.349.851 (brutos), lo que se traduce en cerca de 6 millones líquidos, dependiendo de los descuentos previsionales y de salud con que cuenta cada representante.
Actualmente, la remuneración de los parlamentarios equivale a más de 33 sueldos mínimos, situando a los legisladores chilenos como los mejor pagados de la OCDE.
Asignaciones parlamentarias: Corresponden a los fondos con que cuentan para el ejercicio de su labor, desde el pago de asesores, viáticos, pasajes aéreos, arriendo de vehículos, celular, arriendo de oficinas, entre otros, y cuyo tope es de $20 millones para los senadores y de $11 para los diputados.
El tenso debate y el duro emplazamiento de Allamand a Boric por el "problema de clase"
La discusión se vio cruzada por una dura crítica del senador RN Andrés Allamand al diputado Gabriel Boric, quien durante la discusión en la Cámara del martes rechazó que la decisión quede a cargo de "un ente externo compuesto por gente que vive en el barrio alto, que tienen a sus hijos en un colegio privado, va a pensar de forma parecida a como tradicionalmente piensan los parlamentarios. Esto también es un problema de clase".
"Un parlamentario dijo que era un problema de clase. La verdad que quien formula esas aseveraciones, ahora hace todo lo contrario y que sea un órgano externo el que tome esa decisión. Yo rechazo esa forma de acción política. No contribuye que en 24 horas se produzcan estos vuelcos", manifestó Allamand.
Boric respondió: "Yo no he cambiado mi posición, sigo creyendo que es un problema de clases".
"Tengo la convicción que cuando personas de una misma clase social terminan tomando decisiones de estas características, hay una tendencia natural a resistirse a renunciar a los privilegios que tienen. Y la dieta que tenemos los parlamentario es un privilegio que es injusto, tanto a nivel comparado con otros países de la OCDE y de Latinoamérica como a la situación chilena. Yo no he cambiado mi posición, creo que rebaja debe ser de un 50%. Lo que he propuesto es una alternativa para llegar a un acuerdo, pero veo que no va a ser posible", dijo el ex líder estudiantil.
Y manifestó: "Lo que están haciendo ustedes es traspasar la responsabilidad a otra parte, y cuando ocurra una rebaja que eventualmente puede ser simbólica digan: no fuimos nosotros, habiendo tenido la posibilidad de establecer un criterio para que esta fuera una rebaja sustantiva".
"Lo que se está haciendo acá es desentenderse de un problema político que es evidente para toda la ciudadanía, menos para ustedes. Cuando el consejo de la ADP fije un monto que puede ser de un 10 o un 20 por ciento, esto va a ser visto como una burla por la ciudadanía. Quienes voten van a ser responsables de este engaño", finalizó.
Pero Allamand no fue el único que criticó al Frente Amplio. "Me sorprende que en esta instancia lo bajen de 50 a 30. Si uno cree una cifra es la correcta la mantiene, y la vota y la pierde, o la gana. Yo podría plantear un 60% y tendría que sostenerlo", dijo el senador PS Alfonso de Urresti.
El senador -quien presidió la mixta- dijo "yo me he convencido de que no sea el congreso el que fije el monto porque para arriba o para abajo es subjetivo y arbitrario".
"Que se han imaginado al acusar hipocresía", les dijo Felipe Harboe a los representantes del Frente Amplio, quien pidió evitar descalificaciones.
Y más allá de eso, criticó la propuesta del FA: "Veo que no era un dogma el 50%, pero el problema no es el guarismo, sino que cómo yo -como senador- le digo a un órgano técnico que me baje un mínimo o un máximo. Yo no le diría al contralor cómo hacer su control de actos de administración".
Junto con esto, recordó que "de los 6 años que lleva en tramitación, 5 estuvo en la Cámara. Y fue bastante desastroso el texto que llegó de la Cámara. Si hubiésemos aprobado el texto original, se le habría bajado sueldos a 12 mil funcionarios públicos, entre ellos de servicios de Salud".
La propuesta de Boric y Jackson tampoco tuvo eco entre los diputados de la mixta. Matias Walker (DC) dijo que "me niego a hablar de números, me niego a entrar en esa discusión. Yo quiero externalizar esta discusión en la ADP".
La diputada Paulina Núñez (RN) dijo que "sumarle a la ADP un rango, un 'desde', cuando ya le estamos pidiendo que se haga cargo de algo difícil, me parece complicado avanzar en esa línea".
