El 8° juzgado de Garantía ordenó reabrir la investigación del Caso Penta, para lo cual se fijó un plazo de investigación de 120 días. Esto a raíz de la petición de las defensas de los controladores del holding, quienes buscan que se ordenen más de 50 nuevas diligencias.
Un de estas diligencias es que se cite a declarar como testigos los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, lo que fue aprobado por el juez de garantía.
Las defensas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín plantearon durante la audiencia la necesidad de que se les consulte respecto de las supuestas tratativas que habrían sostenido con los controladores de Penta, previo a que estos declararan. La defensa de los empresarios señala que los fiscales los habrían engañado, asegurando que se les habrían prometido no pedir prisión preventiva y penas muy bajas.
En caso de que los testimonios de Gajardo y Norambuena sean considerados en el juicio oral, los fiscales podrían quedar fuera de esta instancia.
Este punto fue abordado por el jefe de la zona oriente, Manuel Guerra, durante los alegatos: "Creemos que se busca alterar el rol que les corresponde cumplir a los fiscales en la investigación, transformando a los fiscales en testigos". Y agregó que “derechamente hay una maniobra destinada a tratar de sacar a los fiscales Gajardo y Norambuena de la investigación”.
En tanto, el abogado Mauricio Daza, quien es querellante del caso, afirmó que "la denuncia presentada contra los fiscales es un acto de matonaje procesal".
