Natalia Compagnon
La nuera de la Presidenta Michelle Bachelet es la representanta legal de Caval, además de ser socia con el 50 por ciento de la participación, la misma que Mauricio Valero. Se le imputan los delitos de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas usando facturas falsas, por los cuales arriesga cuatro años.
En total, son 13 facturas las que se le investigan por trabajos no realizados, que ascienden a 305 millones de pesos, con un perjuicio fiscal de $ 118.872.912. También se le investigaba por soborno, como representante de Caval; sin embargo, esa pena ahora recae solo en su socio y en la empresa, cuya pena solicitada corresponde a 100% de pérdida del beneficio fiscal, la prohibición de contratar por cinco años y una multa de 20.000 UTM ($ 935.720.000, según valor de octubre).
Mauricio Valero
A la otra de mitad de Caval se le acusa de soborno (cuatro años) y declaraciones maliciosamente incompletas o falsas usando facturas falas (cuatro años). Respecto de lo primero, se debe a dos pagos al operador político UDI y gestor inmobiliario Juan Díaz Sepúlveda que acumulan $ 20 millones.
En cuanto al segundo delito, se trata de las mismas facturas de Compagnon.
Herman Chadwick
El síndico encargado de liquidar los predios vendidos a Caval es a quien la Fiscalía le imputa la mayor cantidad de delitos (otorgar ventajas indebidas, declaraciones incompletas o falsas, omisión maliciosa de declaración y declaraciones maliciosamente incompletas o falsas).
Según la fiscalía, Chadwick arriesga penas de cárcel, al solicitarse por una de ellas 5 años y un día.
El Consejo de Defensa del Estado se querelló en su contra por apropiarse de 415 millones de pesos de los acreedores de los terrenos vendidos. Además, habría sobornado a funcionarios de la municipalidad de Machalí para cambiar el uso de suelo y así aumentar el valor del predio. También habría recibido un arancel mayor al fijado por la ley. Respecto a la presentación de declaraciones a la renta falsas, se le acusa de haber presentado como justificación contratos suscritos dos años después de realizados los supuestos trabajos.
Juan Díaz
Quien fuera operador político de la UDI y en el caso Caval actuara como gestor inmobiliarios es el que arriesga la segunda pena más alta producto de los delitos de otorgar ventajas indebidas (cuatro años), soborno (cuatro años) y facilitación de facturas falsas (818 días).
Su función principal era conseguir el cambio del uso de suelo de los terrenos, por lo que recibió $ 415 millones. Para eso habría pagado sobornos a funcionarios de la municipalidad de Machalí. Natalia Compagnon ha señalado que fue él quien le presentó el negocio a su empresa.
Cynthia Ross
La arquitecta y ex asesora de Machalí es acusada de cohecho, delito por el cual el Ministerior Público pide cuatro años. Es la sobrina de Patricio Wiesner, el dueño de los terrenos vendidos a Caval. Fue la encargada, a petición de Juan Díaz, de elaborar la propuesta para el cambio de uso de suelo del predio. Tras eso, ingresó al municipio para cumplir la función de agilizar ese mismo proceso.
Jorge Silva
Trabajó en la municipalidad de Machalí como director de obras, de donde fue despedido por faltas a la probidad. Se le atribuye participación en el proceso de agilización del proceso para el cambio de uso de suelo, por lo que se le acusa de cohecho (cuatro años).
Marisol Navarrete
La analista de sistemas es la esposa de Jorge Silva se le acusa de cómplice de cohecho (818 días). En su cuenta Juan Díaz le depositó $ 17,5 millones destinados a su cónyuge. También compró dos autos Volvo justo después de que Díaz recibiera pagos de Chadwick por la venta de terrenos a Caval.
