La tarde noche de este lunes los partidos políticos con representación en el Congreso llegaron a un acuerdo para impulsar un nuevo proceso constituyente. La firma de este documento es solo el inicio de la nueva aventura constituyente que se debería extender por, al menos, un año.
Lo primero es que este acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso. Este acuerdo ingresará por moción parlamentaria el cual se presentará en la Cámara de Diputados y Diputadas, y se solicitará al Ejecutivo, discusión inmediata.
Posteriormente, el itinerario que se propone es que en enero del 2023 se instale la comisión de expertos, para que en abril de dicho año se elija a los Consejeros y Consejeras Constitucionales, quienes deberán ser electos con voto obligatorio.
Sin embargo, desde el Servicio Electoral (Servel) explicaron que para elaborar el padrón electoral necesitarían un mes extra, por lo que no ven problemas que se mantenga este proceso, pero todo con un mes de retraso en elecciones. Es decir, en lugar que los comicios de Consejeros y Consejeras Constitucionales sea en abril, podría ser en mayo.
Según el acuerdo, el 21 de mayo de 2023, se espera que se lleve a cabo la instalación del Consejo Constitucional. Cinco meses después, el 21 de octubre de 2023, se entregará el proyecto de Constitución de la República de Chile. Pero con las fechas corridas un mes por el Servel, la instalación podría ser en junio de 2023 y la entrega del proyecto en noviembre del mismo año.
Por esto, si Chile acepta o no la propuesta de nueva Constitución, se decidiría en diciembre de 2023,en un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.
Desde el Partido Comunista (PC) hasta la UDI participaron de las conversaciones, por lo que los votos para impulsar este nuevo proceso deberían estar, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados, como en el Senado. En la cámara baja se requieren 89 votos, mientras que en el Senado, 29.
Tras esto, que debería llevar algunas semanas para ajustar detalles, se llamará a elecciones para elegir precisamente a los integrantes del Consejo Constitucional, que será el nombre que llevará el nuevo órgano.
Por su parte, el propio Congreso deberá designar a los 24 expertos y expertas, que serán electos doce por la cámara baja y los otros doce por el Senado.
