Este lunes la Comisión de Constitución del Senado acordó continuar en marzo la tramitación del proyecto que endurece las sanciones a los delitos de colusión.
"Creemos que es fundamental poder escuchar algunos profesores expertos en la materia, toda vez que esta es la propuesta que sale de la Comisión de Economía del Senado. Hemos acordado por unanimidad poder citar a estos académicos en la primera sesión de marzo y poder tener una revisión no sólo de los aspectos penales, sino todo el andamiaje de funcionamiento del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, había consideración de la relevancia que va a tener este tribunal en las sentencias en materia de colusión", explicó el presidente de la instancia, Alfonso de Urresti.
Uno de los temas que genera diferencias es en qué momento se ejerce la acción penal por parte del Ministerio Público.
Sobre este tema el senador De Urresti comentó que "aquí ha habido un consenso y en esto es importante destacar que esta propuesta viene de un acuerdo entre la FNE y la Fiscalía del Ministerio Público de poder separar claramente las investigaciones. En primer lugar la facultad de investigar sin interferencias estableciendo determinadas facultades que ellos posean y una vez que esté la sentencia condenatoria, ejecutoriada por el TDLC en sede administrativa iniciar las acciones penales correspondientes, salvaguardando materias de interrupción de prescripción y calidad de prueba y reconocimiento del primer delator, que es clave para poder destrabar y destruir estos carteles".
La decisión de la Comisión implicará que la iniciativa no podrá despachar en el plazo autoimpuesto por el Gobierno para dejar siete iniciativas en condiciones para su promulgación.
Junto con el proyecto anti colusión, la reforma laboral y la agenda corta anti delincuencia no lograrían aprobarse antes de este viernes, cuando inicia el receso legislativo de febrero. En tanto, la carrera docente y la modificación a la reforma tributaria dependerán de su avance en las comisiones y los proyectos de la agenda de probidad asoman como los más seguros de estar listos en el plazo.
Hoy el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, desdramatizó no poder cumplir el plazo: "Lo que logremos sacar va a ser muy positivo, va a servir, probablemente algunas cosas queden para marzo, no hay drama".
Los puntos clave del proyecto
Luego que estallara el caso de colusión entre CMPC y SCA para concertar precios y fijar cuotas en el mercado de productos de papel tissue, el Gobierno decidió dar un impulso a un proyecto ingresado en abril y que llevaba siete meses en su primer trámite en la Cámara.
A grueso modo, el proyecto incorpora los siguientes puntos:
- Establece que el monto de la multa por colusión ascienda al doble del beneficio obtenido o el 30% de las ventas en dicho periodo.
- Prohibición de contratar a los infractores en cualquier órgano de la administración pública por hasta 5 años desde la sentencia ejecutoriada.
- Se contempla la delación compensada, en la que las empresas podrán acceder a beneficios si entregan información (los alcances del beneficio es un tema que genera debate).
- Establece penas de privación de libertad de entre 5 y 10 años. En el caso que se apliquen beneficios, los culpables a lo menos deberán estar un año en la cárcel.
- En el caso de que la colusión haya sido en torno a un producto de primera necesidad, las penas de cárcel comienzan en 7 años y medio.
Los detalles del proyecto que sanciona con cárcel la colusión
