La tarde de este lunes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó la presentación de una querella criminal en contra de 12 exmilitantes del partido Comunes (y también contra quienes resulten responsables) por el delito de fraude de subvenciones.
Entre los querellados, figura la excandidata a Gobernadora por Santiago, Karina Oliva.
¿Qué dice la querella del CDE?
De acuerdo a la acción del CDE -interpuesta en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago- los imputados Martín Miranda, Ailine Ramírez, Marcelo Riffo, Juan Pablo Sanhueza, David Castillo, Jean Flores, José Robredo, Diego Corvalán, Luis Nicolás Romero, Jorge Ramírez, Camila Ríos y Karina Oliva, durante los períodos electorales del año 2021, cuando la querellada Oliva se postuló al cargo de Gobernador Regional Metropolitano, tanto en primera como en segunda vuelta, por la lista del partido Comunes, realizaron una serie de rendiciones de gastos de campaña que dan cuenta de “maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales y de esa forma solicitar al Servicio Electoral de Chile (SERVEL) devoluciones improcedentes, para así perjudicar al Fisco de Chile”.
El organismo indica además que "los imputados Jorge Ramírez, quien presidía el partido, Camila Ríos, secretaria ejecutiva, Martín Miranda, administrador electoral y la propia Karina Oliva, quienes de acuerdo a la querella eran 'quienes tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales” de manera concertada, con diversos coimputados señalados anteriormente, emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o con montos abultados, con el objetivo de indicar que dichas boletas o facturas ideológicamente falsas estaban por pagar, para solicitar un reembolso mayor al Servel y justificar además los montos crediticios pedidos para tal efecto por la candidata Oliva".
Con la misma intención de abultar estos gastos no realizados, Miranda incorporó además en la rendición electoral de Oliva dos facturas de la Fundación Chile Movilizado, por servicios que efectivamente no se prestaron, y cuyos informes para responder las observaciones del Servel, fueron copiados de los elaborados por la empresa Criteria Research.
Este modo de perpetrar el delito, realizado a través de diferentes mecanismos en la primera vuelta electoral, se habría repetido en la rendición de gastos de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, en ambos períodos hubo montos que finalmente fueron objetados y luego rechazados por el Servel , al no ser justificados correctamente y, por tanto, no se habrían realizado dichos pagos.
En total, en cuanto al perjuicio al Fisco se defraudó la suma total de $293.093.681 intentando defraudar, además, el monto de $110.000.000.
Comunes: "Ninguna de las personas investigadas e imputadas milita actualmente en la colectividad"
A través de un comunicado, el partido Comunes afirmó que "ninguna de las personas investigadas e imputadas por el Ministerio Público en esa causa milita actualmente en la colectividad, siendo parte de ellas expulsadas por el Tribunal Supremo de nuestro partido, cuya decisión fue posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago".
Asimismo, afirmaron que la Fundación Chile Movilizado "vinculada a un grupo específico de imputados (...) dejó de tener relación con el partido junto con la salida de dichos militantes en el año 2021"
Finalmente, la colectividad manifestó su disposición a seguir colaborando con la justicia, además de valorar la labor del Ministerio Público.
"Estamos empeñados en trabajar para recomponer y restablecer la confianza tanto de nuestros militantes, como de la ciudadanía en su conjunto, tomando medidas para asegurar una correcta administración de los recursos", cerraron.
