A través de una declaración pública, el Presidente Sebastián Piñera trató la discusión ocurrida en el país en materia de migración y la polémica retirada de Chile del pacto migratorio impulsado por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El mandatario afirma que al inicio de su mandato se dio cuenta del "desorden alarmante" en la situación migratoria producto de la mala gestión del Gobierno anterior.
"Durante el Gobierno de la Nueva Mayoría cerca de 700 mil personas ingresaron
a Chile como turistas, cientos de miles de ellos con la clara intención de quedarse en forma
irregular o engañados por verdaderas mafias de tráfico de personas", señala la declaración, asegurando que "esta situación sin duda fue conocida y tolerada por el Gobierno anterior".
Frente a esta situación, el mandatario propone "poner en orden nuestra casa en materia de migraciones, para lograr una migración segura, ordenada y regular".
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Piñera explica que el actual gobierno inició un proceso extraordinario de regulación migratoria, excluyendo a quienes tenían antecedentes penales. Además, se derogó la Visa Temporaria para razones laborales que había generado más de 45 mil documentos falsos. También se creó la Visa de Estudio y Visa Humanitaria para unir a familias haitianas y la Visa de Responsabilidad Democrática para personas venezolanas.
En esta misma línea, el ejecutivo cuenta que también envió indicaciones al Proyecto de Migración y Extranjería para "modernizar y perfeccionar nuestra legislación migratoria, que databa de 1975".
Por otro lado, la presidencia argumenta las tres razones del Gobierno para no adoptar el Pacto de Migraciones de Marrakech.
En primer lugar "el Pacto de Marrakech incentiva la migración irregular, al fomentar el trabajo informal, al promover el ingreso de los denominados 'inmigrantes vulnerables'", señala el documento.
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Seguido del primer punto se expone: "El Pacto de Marrakech establece nuevos deberes para el Estado, como el de revisar nuestra legislación, políticas públicas y actos administrativos y promover la suscripción de nuevos acuerdos bilaterales y regionales".
En tercer lugar se señala: "El Pacto de Marrakech limita el derecho soberano de todo Estado a decidir cómo resguardar sus fronteras, quién y bajo qué condiciones ingresa a su territorio y a quiénes
otorga beneficios".
Finalmente el documento responde a las críticas argumentando que si bien el Pacto no es vinculante, "puede tener efectos políticos y jurídicos".
