La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó algunas indicaciones que eliminan o reducen las exenciones tributarias, y el denominado impuesto a los "súper ricos", en el marco de la discusión sobre el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
En concreto, el objetivo de la reducción o eliminación de exenciones tributarias contempla incorporar recursos por el 0,35% del PIB a las arcas fiscales, lo que se destinará en su totalidad al financiamiento del proyecto que contempla una pensión universal por $185 mil para los mayores de 65 años.
Y es que los dineros equivalentes a financiar la PGU equivalen al 0,95% del PIB, lo que, de acuerdo al primer informe de la Comisión de Hacienda, se espera llegar a un gasto de $4,2 billones al año 2050, cuando el sistema esté en régimen.
Los parlamentarios que integraron la instancia legislativa aprobaron el proyecto de creación de un nuevo tributo, el que implica un impuesto anual sobre el patrimonio de las personas naturales con domicilio o residencia en Chile y cuyos patrimonios superen los $5 millones de dólares o su equivalente en pesos al 31 de diciembre de cada año.
En esa línea, para establecer si el patrimonio de una persona natural supera el monto, se sumará el patrimonio de sus relacionados y el patrimonio propio, el cual se computará a continuación del de ellos, de acuerdo a cómo quedó la normativa.
Y se considerará como relacionados con una persona natural a su cónyuge o conviviente civil y sus hijos no emancipados legalmente.
Gobierno hace reserva de constitucionalidad por iniciativa de impuesto a los "súper ricos"
Al respecto, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, acusó que "a nuestro juicio, y por las razones que se han explicado, (en la instancia), no se cumplen las reglas de la Constitución".
Por lo mismo, cuestionó que actualmente se está dando "una forma de ir trancando una política pública que necesitan los chilenos" al aprobar esta medida.
Y en esa misma línea, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que se ingresaron indicaciones catalogadas de inconstitucionales, por lo que se hizo reserva de constitucionalidad, explicando que esto "obliga al Gobierno a tener que ir al Tribunal Constitucional".
Por lo pronto, el proyecto fue despachado a la Sala de la Cámara Baja, por lo que contiuará su revisión dentro de los próximos días.
