"Estamos convencidos que lo que acá hubo fue una omisión en la aplicación de la ley y de la aplicación de la jurisprudencia de esa ley. Por eso estamos haciendo nuestras propias investigaciones para saber qué pasó al interior de la propia Contraloría cuando se cursaron estas pensiones".
Esta fue una de las declaraciones que marcó la intervención del contralor Jorge Bermúdez en la Comisión Investigadora de la Cámara que aborda la polémica por la entrega de pensiones en Gendarmería por sobre el tope legal de 60 UF, y que tuvo como su caso más emblemático el de Myriam Olate, ex subdirectora técnica y ex esposa del diputado Osvaldo Andrade.
En la oportunidad, Bermúdez reconoció que "dado que esto (la toma de razón de las pensiones) estaba delegado en un nivel jerárquico tal bajo era muy difícil el control, y dada la magnitud de los documentos que se cursaban. Hemos tratado de adoptar algunas medidas para ir en contra de esos problemas, para solucionarlo. Pero todavía estamos en la etapa indagatoria".
Según explicó el contralor la razón por la cual este proceso se delegaba a un funcionario apuntaba a "la alta cantidad de documentos que deben ser tramitados no hace posible que todos ellos sean directamente tomados de razón por parte del contralor general".
En ningún régimen de reparto del mundo hay pensiones de 10 mil dólares ni de 5 mil dólares. Sin ver ninguna ley, a uno le tiene que llamar la atención. Si se pagan pensiones de ese monto no solo se hace quebrar el sistema, sino probablemente hay un ejercicio abusivo del derecho
Es en el marco de la polémica por las pensiones en Gendarmería que se elevó el rango de la persona encargada de este proceso. Mientras que entre 2006 a 2016 estaba radicado al jefe de área de beneficios previsionales, ahora está en manos del jefe de división.
Luego de más de una hora de exposición ante los diputados, la parlamentaria independiente Karla Rubilar le consultó a Bermúdez sobre los detalles del sumario, que fueron dados a conocer hoy por T13.cl. Marta Morales, subjefa de la División de Personal de la Administración del Estado de Contraloría, declaró que antes de que estallara la polémica por Olate, algunos altos funcionarios advirtieron a la entonces contralora subrogante, Patricia Arriagada, de la improcedencia de visar pensiones por sobre el tope de 60 UF.
Del mismo modo, Rubilar le consultó sobre la declaración del jefe del área de Beneficios Previsionales Samy Meinemer, quien sostuvo que encontró dictámenes de 2004 y 2012 en que se permitía la entrega de pensiones sin tope. "Los dictámenes de 1995 y 1998 fueron derogados tácitamente sin mencionarlo, por dictámenes posteriores que no los aplicaron", señaló.
El funcionario -dice el sumario- aseguró haber informado desde 2012 al entonces contralor Ramiro Mendoza tanto de la entrega de pensiones sobre el tope, así como de aumentos en remuneraciones previo a la fecha de retiro.
La respuesta de Bermúdez fue la siguiente: "la noticia que acaba de citar y que es la pregunta más compleja para nosotros...Estamos realizando un sumario, y al parecer las declaraciones que aparecen ahí citadas entre comillas son las declaraciones de funcionarios en el sumario".
"Ese sumario está a cargo de la fiscal de la controlaría, dada la importancia del caso ella es la que está llevando adelante el sumario administrativo. Sin embargo estamos obligados a remitir sumarios al Ministerio Público, y ahí lo hicimos a la fiscalía de alta complejidad. Una fiscal nos solicitó copia del sumario y nosotros se la hicimos llegar. Está ahí desde hace más de un mes", dijo Bermúdez.
Un tercio de las pensiones desde 2010 estaría sobre el tope
Según el contralor, entre 2010 a 2016 se ha tomado razón de 433 pensiones de retiro, de las cuales un tercio son por sobre el tope. Una cifra que en todo caso comprometió entregar de manera oficial vía oficio.
"La pensión se calcula de acuerdo a la última remuneración. Eso hace evidentemente que haya un incentivo perverso a que se paguen más asignaciones en el último mes", reconoció.
El contralor destacó que desde junio el organismo ha desestimado la entrega de pensiones por sobre el tope. "Consideramos que con la aplicación de la ley, a partir de este año, sucesivamente el Estado va a dejar de perder una determinada cantidad de dinero", afirmó.
Si bien son cálculos preliminares, la Contraloría estima que al décimo año aproximadamente el Estado "dejaría de perder 8 mil millones de pesos anuales".
