La Brigada Investigadora de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI ha intensificado las diligencias en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente sobre el pago de asesorías parlamentarias desde el 2011 hasta el 2017.
Los funcionarios de la PDI solicitaron información en los centros de estudio que realizaron mayor cantidad prestaciones en el Congreso, como también a los asesores particulares que recibieron los pagos más elevados por los trabajos solicitados.
Según informa La Tercera, el documento elaborado tendrá las principales conclusiones de los peritajes realizados desde mayo pasado, que fueron solicitados por el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, para establecer si se realizó fraude al fisco en el uso de las asignaciones parlamentarias por concepto de asesorías externas.
Terminados los peritajes el objetivo es contrastar la información entregada por los asesores y los centros de estudios para ver si efectivamente los pagos que se hicieron tuvieron una contraprestación real.
Algunos de los documentos solicitados en las distintas diligencias efectuadas por la PDI estaban información relativa a contratos, respaldo de informes y sobre boletas de honorarios.
