Parlamentarios del Partido Comunista y Revolución Democrática anunciaron que llevarán la recientemente aprobada Ley Nain-Retamal al Tribunal Constitucional.
El diputado Boris Barrera (PC) afirmó durante su intervención en la Cámara de Diputadas y Diputados que "muchas cosas no han quedado resueltas y vamos a acudir al Tribunal Constitucional en algunos puntos, tal como ya lo anunciaron nuestros senadores anoche, para que sean las instituciones las que se pronuncien y no cometamos un error que siembre una mancha en el Poder Legislativo en nuestro país".
Más tarde, la presidenta de Revolución Democrática (RD), Catalina Pérez, sostuvo que se requieren de 39 firmas en la Cámara de Diputadas y Diputados para poder avanzar en el libelo.
"Siguen habiendo cosas que nos preocupan, la legítima defensa privilegiada sigue siendo algo que nos preocupa, pero agradecemos el esfuerzo del Ejecutivo en mejorar esta iniciativa", indicó.
"Lo siguiente para nosotros es llevarlo al Tribunal Constitucional para darle garantías no solo a la ciudadanía, vecinos y vecinas, sino que también para la adecuada protección de Carabineros de Chile", enfatizó la diputada.
La diputada Lorena Fries, de Convergencia Social (CS) -domicilio político del Presidente Gabriel Boric-, señaló que "una de las cuestiones que estamos pensando llevar al Tribunal Constitucional es la desproporción de ciertas penas".
Lo anterior apuntando al artículo 1, en el que se establecen penas por atentar contra la integridad física. Sin embargo, advirtió que "la integridad física comprende un conjunto de cosas que van desde una herida letal hasta la torcedura de una muñeca. Es obvio que alguien que le tuerce a otro una muñeca no tiene por qué recibir una pena que no es proporcional al daño que realizó".
Fue durante la tarde de este miércoles que la Cámara Baja aprobó la Ley Nain-Retamal, con modificaciones ingresadas en el Senado que cambiaban la figura de la "legítima defensa privilegiada", como lo había propuesto el Ejecutivo.
¿Cómo quedó la Ley Nain-Retamal?
El Gobierno de Gabriel Boric, mediante la ministra del Interior, Carolina Tohá, el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la ministra (s) de la Segpres, Macarena Lobos, ingresó distintas modificaciones a la ley en el Senado; como que el estatuto de protección a las policías estuviera en el Código de Justicia Militar y no en el Código Penal, que se precisara la denominación al delito de apremios ilegítimos, que no se eximiera de responsabilidad a los altos mandos de las policías, y el más polémico: el que le otorgaba la “legítima defensa privilegiada” a los funcionarios policiales.
En este último punto, el gobierno logró modificar el artículo que permitía a Carabineros, la PDI y Gendarmería actuar en “legítima defensa” cuando se actúe en defensa propia, en defensa de terceros y para impedir un delito.
La nueva redacción de la norma que regula la legítima defensa en el Código Penal, acota la presunción solo en casos en que esté en juego la vida o la integridad de los funcionarios policiales o de terceros.
El punto de que la regulación estuviera en el Código Penal como establecía el proyecto original se mantuvo, pese a las indicaciones del Ejecutivo.
Una norma del Ejecutivo que fue aprobada fue la de reestablecer la responsabilidad penal del mando, que la quitaba la propuesta original de la Ley Nain-Retamal. La indicación del Gobierno que precisaba el delito de apremios ilegítimos también fue aprobada con el respaldo de toda la izquierda que valoró que “se precisan las garantías de los Derechos Humanos”.
