La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió dos recursos presentados contra el proceso de licitación del litio que adjudicó el gobierno a dos empresas, y frenó el procedimiento a través de una orden de no innovar.
El pronunciamiento se produjo luego de las críticas que realizó la oposición al proceso, debido al poco tiempo que le quedaba al gobierno antes que culmine su administración.
En este contexto, varios parlamentarios de oposición valoraron la decisión del tribunal de alzada y reiteraron sus críticas contra el Ejecutivo.
La diputada Catalina Pérez (RD) afirmó que "es evidente la afectación de derechos de las comunidades que implica esta adjudicación. Los diversos recursos de protección y hoy el pronunciamiento de la corte han dado cuenta de ello. La decisión del Gobierno es un problema económico, estratégico, ambiental y de derechos que, sin duda, seguirá dando que hablar en las cortes de nuestro país".
A su vez, el diputado Raúl Soto (PPD) señaló que "valoramos tremendamente la valentía de la Corte de Apelaciones de Copiapó que hizo lo que evitó la Corte de Apelaciones de Santiago, dando una orden de no innovar para suspender esta ilegítima licitación del litio que significaba un robo a mano armada a todos los chilenos y chilenas".
El diputado Jaime Naranjo (PS) afirmó que "es una señal muy alentadora y demuestra que no estamos equivocados en el sentido de que esta licitación del litio adolece de serios vicios, de tal manera que la miramos con muy buenos ojos".
Como "muy acertada" calificó la decisión el diputado Esteban Velásquez (FRVS) y afirmó que "no ha habido una opinión racional contundente o científica que no haya estado en contra de esta licitación, ya que se trata de velar por el interés nacional".
Por su parte, Daniella Cicardini (PS) aseguró que "estamos tremendamente conformes con que la Corte de Copiapó haya acogido a trámite este recurso de protección para suspender y detener la licitación del litio. Este es el resultado de hacer las cosas mal, poco transparentes y de espaldas a la comunidad".