Una nueva arista del Pandora Papers se produjo contra el Presidente Sebastián Piñera, luego que se dieran a conocer los detalles de la compraventa de minera Dominga entre la familia Piñera-Morel y la familia Délano, ocurrido durante el primer gobierno del mandatario.
En dicha operación, se estableció una cláusula que permitiría el pago de la última cuota solo en caso que las autoridades no realizaran cambios a la normativa ambiental que pudieran obstaculizar el desarrollo del proyecto minero.
Respecto a este punto, el Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible una querella presentada por el abogado Luis Mariano Rendón contra Piñera por su rol en la venta de Dominga.
La acusación imputa justamente la cláusula del último pago. De acuerdo a lo indicado por Rendón en la querella, dicha acción correspondería al delito de negociación incompatible, ya que "el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora".
Luego de acoger la admisibilidad, el tribunal remitió los antecedentes a la Fiscalía para que se dispusieran las diligencias respectivas en caso que lo estime pertinente.
Sobre la resolución, Rendón afirmó que "resulta fundamental que los hechos conocidos, y especialmente el condicionamiento de un pago a los hijos del Presidente a que este omitiese ejercer sus atribuciones respecto del resguardo del patrimonio ambiental del país, sea investigado a fondo, lo que nunca ha ocurrido".
