Diputados y senadores de oposición han criticado a través de redes sociales, e incluso se presentó un oficio al Ministerio del Interior, luego de que Carabineros decidiera renombrar la Academia de Ciencias Policiales en homenaje al ex general director de la institución y miembro de la junta militar en dictadura Rodolfo Stange.
La nominación que se hizo efectiva el pasado 13 de agosto en un documento firmado por el actual general director Mario Rozas, fue cuestionada desde el Partido Socialista (PS) por el senador José Miguel Insulza y también por el diputado Leonardo Soto.
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"Es una ofensa para todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, a las personas que fueron torturadas, que fueron asesinadas o que fueron degolladas por subalternos del propio general Rodolfo Stange. Es una ofensa a las víctimas del Caso Degollados. Recordemos que él fue imputado como protector de los carabineros que fueron los asesinos en el Caso Degollados", expresó el diputado Soto.
"Y que además le faltó el respeto al Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle cuando, descubiertos estos antecedentes, se negó a entregar su renuncia", insistió.
Insulza por su parte calificó de inaceptable la situación y advirtió que oficiarán al Ministerio del Interior para que informe de esta “grave provocación”.
El parlamentario del Frente Amplio Gabriel Boric precisamente presentó un oficio dirigido al subsecretario del Interior Juan Francisco Galli, a quien le pide la inmediata revocación del nombre de la Academia de Ciencias Policiales General Director Rodolfo Stange Oeleckers.
“Deseo manifestar mi total rechazo a la referida actuación de la autoridad policial, y demando que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ejerza el mando civil correspondiente y revoque tal acto contrario a la memoria y los derechos humanos en nuestro país”, dice el oficio.
“Sin duda alguna que tal acto es contrario a las obligaciones internacionales del Estado de Chile en la materia, toda vez que homenajear a quienes ejercieron la responsabilidad política en las instituciones mientras se cometieron atroces crímenes contra las personas, sin duda, en un contexto de macrocriminalidad del Estado es a todas luces contrario al derecho a la verdad y un acto revictimizante para quienes sufrieron violaciones a los Derechos Humanos en la dictadura cívico militar de 1973-1990”, agrega.
Stange estuvo a cargo de la institución cuando se produjo el secuestro Santiago Nattino, Manuel Guerrero y José Manuel Parada, quienes posteriormente aparecieron degollados durante la dictadura y también fue interrogado por el asesinato de los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Cecilia Magni y Raúl Pellegrin en 1988.
