El Comité de la ONU contra la Tortura (CAT) instó al Estado chileno a continuar el enjuiciamiento de violaciones de derechos humanos y a “garantizar que sus autores sean condenados conforme a la gravedad de sus actos, velando por el cumplimiento de las penas”, excluyendo posibles amnistías o indultos.
Además, solicitó derogar el secreto de 50 años sobre la información presentada por víctimas a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, y a crear un mecanismo de identificación y reconocimiento de las víctimas.
El documento se conoce en medio de la polémica generada por la resolución de la Corte Suprema que otorgó la libertad condicional a siete reos de Punta Peuco, condenados por crímenes de lesa humanidad.
La situación generó el rechazo inmediato de agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y parlamentarios de oposición. Incluso, desde el Frente Amplio anunciaron una acusación constitucional en contra de los jueces que estuvieron detrás del dictamen.
Las otras medidas que propone la ONU
En el informe se solicitó también al país garantizar que los actos de terrorismo estén definidos en la legislación nacional “de manera precisa y estricta”, y a “abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas”.
Con respecto de infancia y adolescencia, el Comité emplazó al Estado a que se investiguen y juzguen los casos de muertes, malos tratos y abusos a niños, niñas y adolescentes, en centros de internación y de protección de la red del Servicio Nacional de Menores, así como a subsanar las deficiencias en la gestión del servicio.
En cuanto a los derechos de las personas privadas de libertad, el CAT expresó que el país debe garantizar que gocen de salvaguardias legales fundamentales, así como aminorar la sobrepoblación y mejorar las condiciones de detención.
En ese sentido, solicitó investigar y sancionar casos de muerte en custodia, tomar medidas preventivas ante la violencia entre internos/as, y revisar estrategias contra el suicidio de personas en reclusión.
En casos de uso excesivo de la fuerza, y denuncias de violencia sexual policial en contra de mujeres y niñas, el Comité requirió investigar, enjuiciar y condenar a los responsables y garantizar la reparación de las víctimas.
El CAT también recomendó formar en diversas materias de derechos humanos a los agentes públicos, específicamente a agentes del orden y del sector judicial.
En su informe, solicitó al Estado establecer un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura; a asegurar que los delitos de tortura sean castigados con penas adecuadas, y a derogar la prescripción de este delito. El Comité también instó al Estado chileno a prescindir de la jurisdicción militar para juzgar violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles por parte de personal militar.
Así también, el CAT instó a revisar la legislación vigente en temas como migración y trata de personas, y a investigar malos tratos contra personas con discapacidad y de la tercera edad internas en residenciales, entre otras múltiples recomendaciones.
El Estado de Chile podrá a presentar su próximo informe a más tardar el 10 de agosto de 2022 al Comité.
