Este martes se cumplirán cuatro semanas del último cambio de gabinete realizado por el Presidente Sebastián Piñera. Un ajuste ministerial gatillado por la profunda crisis que provocó en el oficialismo la tramitación de la ley que finalmente permitió el retiro del 10% de las pensiones en tiempos de pandemia y que justamente buscó subsanar las divisiones en Chile Vamos y el quiebre entre el bloque y el gobierno.
El nuevo comité político -liderado por el UDI Víctor Pérez en Interior- planteó la necesidad de un “nuevo trato” con los partidos. Se concretaron reuniones en tal sentido y se propuso una hoja de ruta basada en una mayor coordinación legislativa, que evitara el escenario de nuevos desmarques oficialistas en el Congreso, pero que también mejorara el tono de las relaciones y le diera un mayor sustento político al accionar del Ejecutivo.
Con el correr de las semanas, el nuevo trato aún es una promesa con resultado incierto. Las reuniones del comité político ampliado -que reúne a ministros y representantes de los partidos- aún no se retoman, a casi dos meses de su suspensión. Aunque los partidos valoran una mejor relación con el Ejecutivo, nuevas iniciativas legislativas amenazan con volver a dividir al bloque.
En paralelo, la cercanía del plebiscito constitucional del 25 de octubre ha relevado las diferencias al interior del Ejecutivo y de Chile Vamos no solo en torno a las opciones Apruebo y Rechazo sino también sobre la pertinencia de realizar la votación en medio de la pandemia del coronavirus. Incluso se ha debatido el rol político que debe jugar el Mandatario con miras al proceso electoral.
Un plebiscito que divide
“Hay que concentrarse más en el 26 de octubre que en el 25”, comentó el Presidente Piñera el lunes pasado, en medio de la reunión que sostuvo con ministros, dirigentes de Chile Vamos y autoridades regionales. Un mensaje que va en línea con otros comentarios que ha hecho durante la semana, donde ha reconocido que el plebiscito constitucional deja en evidencia la división entre Apruebo y Rechazo que existe en el oficialismo, pero donde ha subrayado que lo importante es enfocarse en los cambios que la centroderecha quiere hacerle a la Carta Magna, donde insiste, hay muchos puntos en común.
Los intentos del mandatario por unificar miradas, sin embargo, choca con los múltiples frentes que se abrieron en los últimos días respecto al plebiscito y donde casi siempre existen posturas oficialistas que rivalizan entre sí.
El debate sobre la prescindencia del Ejecutivo fue una muestra de ello. Aquí la contraposición se dio desde el interior del gabinete, particularmente entre Andrés Allamand y Mario Desbordes. El fin de semana, el primero dio dos entrevistas donde no solo difundió su respaldo al Rechazo, sino que explicó porque a su juicio todo el sector tendía que apoyar dicha opción. Es más: se atrevió a pronosticar que dicha opción podría alcanzar un 40%, “si estuviera la centroderecha unida”.
Al día siguiente, Desbordes marcó el contrapunto, señalando que, a diferencia de su compañero de labores, él no haría campaña por la opción de su preferencia, que es el Apruebo.
Tras el cruce, el vocero Jaime Bellolio intentó zanjar la controversia reiterando que el gobierno sería prescindente, más allá de las opiniones de los ministros. En esa línea, anunció la elaboración de un instructivo para regular el rol que tendrán las autoridades en la campaña. Pero la discusión no cedió, trasladándose al rol del Presidente Piñera. “Me gustaría que tuviera una postura en donde esté la mayoría de la gente de su sector”, presionó la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, a quien no le gustó que el mandatario asegurara que estaba convencido de que “todos los chilenos quieren cambiar, perfeccionar, modernizar” la Constitución.
Las condiciones sanitarias para realizar el plebiscito y el límite para el financiamiento de las campañas tampoco logró unificar criterios en el sector.
Desde el Rechazo además surgieron voces que sugieren establecer un piso mínimo de votación para otorgar legitimidad al resultado de la votación. Todo en el marco de la estrategia desplegada por dicho sector para revertir lo que indican las últimas encuestas, que empinan al Apruebo a cerca de un 70% de respaldo, y consolidar al menos una votación superior al 30%, que le permita aspirar a tener el tercio que tenga poder de veto en una eventual convención constitucional.
El temor que crece en el Rechazo, sin embargo, es otro: que más temprano que tarde Piñera opte por “subirse al caballo” del Apruebo, agudizando la división de Chile Vamos.
La Araucanía, el eterno dilema de la derecha
La situación de Celestino Córdova los divide al menos desde 2018. El machi -imputado por el crimen del matrimonio Luchsinger Mackay en 2013- mantuvo una huelga de hambre de 107 días en medio de un recrudecimiento de la violencia en La Araucanía.
El entonces senador UDI Víctor Pérez aterrizó al Ministerio del Interior en medio de esta situación e, incluso, su primera visita como autoridad la hizo a la zona. Fue culpado por caldear los ánimos luego de que afirmara que en La Araucanía no hay presos políticos. Sus dichos, de hecho, fueron precedidos por un enfrentamiento, la noche del 1 de agosto, entre civiles en Curacautín.
Pese a las críticas a Pérez, sobre todo desde la oposición, en Chile Vamos valoraron que diera una señal al electorado de la derecha -La Araucanía es una de las zonas con más adherencia en el sector- que ha alegado por más seguridad.
De ese fin de semana pasaron 18 días para que el gobierno concretara un acuerdo con Celestino Córdova, principalmente, con la esperanza de que en la zona baje la violencia: le dieron 30 horas para visitar su rehue.
El rol del ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), y su subsecretario Sebastián Valenzuela fue central para el acuerdo que se alcanzó con el machi. Un trato con éxito a primera vista que, en todo caso, no fue visto de la misma manera por una parte de Chile Vamos.
Ya en 2018, en la derecha habían manifestado reparos para que el machi accediera a beneficios carcelarios. Pero esta semana, el tono de las críticas fue duro, sobre todo, desde RN, partido que tiene la mayor representación parlamentaria en la zona.
“Yo represento a una serie de personas en La Araucanía que están muy molestos con el gobierno”, dijo el diputado por la zona Miguel Mellado (RN).
Desde Evópoli -partido que también tiene representación en la Novena Región-, el diputado Sebastián Álvarez evitó catalogar el acuerdo, pero lanzó una advertencia: “Si no se restablece el Estado de Derecho, no se terminan los actos de violencia y terrorismo, este acuerdo no habrá tenido significado”.
En la UDI, en tanto, pese a que no tienen representación parlamentaria en esa región, Van Rysselberghe también fue dura: “No hay ninguna razón para que alguien como él tenga beneficios distintos a una persona que mató a otro ciudadano”. A sus dichos se sumó el senador Iván Moreira quien tuiteó: “La Moneda premia a Córdova”.
Si eso fue a mitad de semana, la jornada del viernes la tensión no disminuyó. En la gira por el Rechazo que realizaron al menos doce diputados de Chile Vamos, los RN René Manuel García y Diego Schalper volvieron a criticar al gobierno, y desde La Araucanía.
“Nuestro gobierno en esto cometió un error y lo quiero decir con toda claridad: una persona que asesina a dos personas de la manera en como lo hizo este señor no merece beneficios carcelarios. El convenio 169 de la OIT no autoriza alterar una sentencia dictada por la Corte Suprema de la República”, dijo Schalper mientras García resaltó que este no fue un acuerdo sino una “concesión de un ministro y no del gobierno”.
Rodolfo Stange: un problema político inesperado
En La Moneda afirman que fue inesperado que Carabineros bautizara la Academia de Ciencias Policiales (Acipol) con el nombre de Rodolfo Stange, miembro de la Junta Militar y senador electo de la UDI desde 1998 a 2006.
La decisión de Carabineros -dada a conocer el miércoles- generó molestia en la oposición y con las horas el debate fue recrudeciendo. Por eso, el nombramiento no duró ni 24 horas. Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, una de las víctimas en el caso Degollados, interpuso un recurso de protección contra Carabineros por el hecho, dado que Stange es señalado como encubridor.
Mientras, la DC igualmente resintió la decisión de Carabineros, pues durante el gobierno de Eduardo Frei, Stange se resistió a dejar su cargo como general director pese a la petición del Presidente de la República.
La senadora Van Rysselberghe, por su parte, defendió el nombre que se le dio a Acipol y lanzó una provocadora frase: “Hay una estatua de Allende frente a La Moneda y eso no llama la atención”.
Finalmente, pese a que en La Moneda se encargaron de recalcar que fue Carabineros quien se retractó de la idea, en una parte de Chile Vamos se reclamó que “una vez más” el gobierno cediera ante la izquierda. El diputado RN Harry Jurgensen catalogó el episodio como un “berrinche de la izquierda”.
Al ser consultada por cómo ha visto el “nuevo trato” en la coalición, la jefa de los diputados de la UDI, María José Hoffmann, dice a T13.CL que “no fue una buena semana, pero lo que hemos avanzado nos obliga a recomponer y seguir avanzando. Estas tensiones deben terminar”.
A su turno, el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, advierte: “Valoramos esta disposición a un nuevo trato de escuchar a los partidos. Tenemos esperanzas de que se pueda materializar en hechos durante los próximos. De lo contrario, solo quedará en palabras”.
La amenaza de un nuevo 10%
Los ministros Ignacio Briones (Hacienda) y Cristián Monckeberg (Segpres) se hicieron presentes la tarde del martes en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados. Su objetivo era uno solo: alinear al oficialismo detrás de la indicación que propuso el Ejecutivo para redireccionar el proyecto de ley que plantea suspender el cobro de créditos hipotecarios, de consumo y avances en efectivo con tarjetas que se tramita actualmente en el Parlamento.
La ofensiva del gobierno no era casual. En los días previos, las alarmas habían llegado desde el propio oficialismo: la iniciativa podía terminar convirtiéndose en un dolor de cabeza similar al que terminó siendo el retiro del 10% de las pensiones.
En el análisis, detectan elementos en común: se trata de una propuesta que pega directo en el bolsillo de una ciudadanía complicada por los efectos de la pandemia, por lo que varios pronosticaban que, una vez que se instalara en el debate público, podría tener una alta aprobación, incentivando el desmarque de parlamentarios del bloque. Un detalle que aumenta la preocupación es que la iniciativa termina siendo un proyecto refundido de varias mociones, una de las cuales había sido elaborada por parlamentarios de Chile Vamos.
En el gobierno subrayan que la lección del 10% está aprendida y que, por eso, esta vez optaron por involucrarse en el debate desde un primer momento, con una indicación que, si bien valida la suspensión del pago, solo la hace efectiva para los créditos hipotecarios.
Aunque en el oficialismo valoraron que el gobierno presentara una propuesta, insisten en que es insuficiente. Algo que quedó de manifiesto en la votación de la comisión, donde la iniciativa fue rechazada merced a la mayoría opositora, pero tampoco logró concitar todo el respaldo oficialista pues dos diputados se abstuvieron.
En el debate legislativo subyace la desconfianza de parlamentarios oficialistas al discurso del gobierno, que, al igual que en la discusión del 10%, ha alertado de los efectos negativos que traería generar una suspensión generalizada de pago de créditos.
“Al igual que el 10% se ha metido mucho ruido con el tema de la inestabilidad financiera, pero ya no confiamos a ojos cerrados en esos argumentos”, resumió el diputado UDI Joaquín Lavín, dando cuenta del tono que tendrá el debate y de la dificultad que podría tener el Ejecutivo para ordenar a parlamentarios que ven más incentivos en votar al son de la calle que de acuerdo con la percepción de La Moneda.
