El Juzgado de Garantía de Concepción mantuvo, este viernes, las medidas cautelares de arresto domiciliario que pesando sobre Camila Polizzi y Sebastián Polanco, ambos representantes de la Fundación En Ti, que son acusados por delitos económicos que se enmarcan en el Caso Lencería, y que involucra también al Gobierno Regional del Biobío.

Sin embargo, durante la audiencia el Ministerio Público advirtió de la existencia de un audio que podría significar que Camila Polizzi sea acusada de nuevos delitos, aunque esto todavía está en estudio por parte de la fiscalía.

En concreto se trata del audio de una conversación entre Polizzi y un hombre que sería funcionario del Gobierno Regional del Biobío, en el que hablaban de traspasos de dinero. 

“Es una conversación de una mujer, de Camila, con un sujeto que por el contexto de la conversación sería un funcionario del Gobierno Regional, en el que hablan de manera bastante elocuente de entrega de dineros, entre otras cuestiones relevantes para la investigación”, explicó la fiscal María José Aguayo.

De todos modos, esta prueba aún está siendo periciada, pero desde el Ministerio Público no descartaron la posibilidad de que existan nuevos delitos tributarios.  

“Para determinar un delito de soborno y de cohecho es necesario que se reúnan varios requisitos, entonces por supuesto que el Ministerio Público se encuentra realizando diligencias para acreditar lo anterior, y si no lo acredita, por supuesto que no vamos a poder formalizar por estos ilícitos, pero es un antecedente bastante importante”, explicó Aguayo.

“Por eso se han decretado diligencias como el levantamiento del secreto bancario de otros imputados, de personas sospechosas y de su entorno familiar”, añadió. 

Recordemos que el Caso Lencería es la arista más mediática del Caso Convenios en la región del Biobío y consiste en una serie de contratos que firmó el Gobierno Regional con distintas organización, entre ellas la Fundación En Ti, que no cumplían con los requisitos para realizar trabajos en la zona.

Camila Polizzi es una de las principales investigadas en el caso, y también se ha transformado en una figura pública por la venta de contenido personal en plataformas para adultos mientras cumple con su arresto domiciliario.

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