"El proyecto de ley no legaliza el aborto libre. Despenaliza en tres causales extremas", este es uno de los primeros puntos manifestados por el gobierno en el documento donde responde a los requerimientos de parlamentarios de Chile Vamos que buscan declarar inconstitucional el proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo en tres causales.
En un documento de 106 páginas ingresado al Tribunal Constitucional, La Moneda enfatiza que "un primer mito que debe derribarse es que este proyecto consagraría el aborto libre y que contribuiría a fomentar el aborto".
"El proyecto no producirá abortos: estos ya existen en Chile. El proyecto se hacer cargo de esta dramática realidad. Además, es demostrable a través de las estadísticas que la persecución penal y la sanción penal no son buenos métodos para evitar el aborto. Hoy en Chile se practican abortos de manera insegura, afectando principalmente a las mujeres que se encuentran en estas causales, violando sus derechos fundamentales", agregan.
Junto con esto, el gobierno pide "tener presente" que "se ha observado en otros países que permitiendo el aborto en ciertos casos se ha disminuido su ocurrencia".
"Por otro lado, el proyecto de ley no liberaliza el aborto, sino que más bien levanta de forma restringida una prohibición que hoy es absoluta", agregan.
Respecto de la primera causal, el gobierno señala que si bien es un caso "excepcional" y sostiene que diariamente 800 mujeres en el mundo fallecen como consecuencia de un embarazo, parto o puerperío.
"No estamos ante una situación caprichosa. No es cualquier deseo de la mujer el que se busca proteger. Se trata del deseo de vivir. Tampoco se trata de cualquier malestar, hipotético o eventual. Se trata del riesgo vital", agregan.
En cuanto a la causal de inviabilidad, hacen hincapié en que se trata de "un caso de rara ocurrencia", donde se incluyen las patologías genéticas monogenéticas graves, patologías multifactoriales con malformaciones fetales graves y a alteraciones cromosómicas sindrómicas con malformaciones severas, y que "pueden estar en el orden de 2 mil por nacidos, es decir, unos 500 casos anuales en Chile.
"Es una situación excepcional. Pero cuando ocurre, expone a la mujer a un sufrimiento incomparable a cualquier otro", agregan.
En el escrito, el Ejecutivo es enfático en que esta causal "no incluye casos en que el feto tiene una malformación significativa, pero ésta no tiene carácter letal, como sería el caso de la trisomía 21 o síndrome de Down", como plantearon parlamentarios de la oposición en el debate legislativo. Acto seguido, se agrega que esta causal debe ser comprobada por dos médicos especialistas.
Respecto de la causal de violación, señalan: "la ley vigente obliga a la madre a parir y a ser madre, con todas las cargas sociales y jurídicas que implica".
"En esta causal se constata que el Estado falló en proteger a la mujer evitando que ésta fuera atacada. En consecuencia, el legislador ha estimado que debe evitarse que el Estado continúe generando un daño al tratarla a ella como delincuente", sostiene.
Según cifras de expertos citadas en el informe, se estima que la probabilidad de embarazo producto de una violación es aproximadamente de un 10%. Sin embargo, más grave aún es en el caso de adolescentes, donde en un 92% de los casos las agresiones son perpetradas por familiares o conocidos, y en un 44% se trata de casos reiterados.
El gobierno hace hincapié en que la interrupción solo se puede realizar durante un periodo determinado de tiempo -12 o 14 semanas, en caso de las adolescentes- y que es un equipo técnico el que acredita la agresión. Una solución, a juicio del Ejecutivo, "más exigente" que el resultado de un juicio penal.
Junto con esto, el gobierno califica como "un mito" que se esté promoviendo el aborto. "Ello es falso, pues no impone a la mujer una decisión sobre su dramática situación, ni tampoco impone obligaciones por sobre las convicciones morales de los sujetos involucrados", señalan.
Este lunes finalizó el plazo para que organizaciones sociales y personalidades públicas se inscriban para exponer sobre la constitucionalidad del proyecto, de cara a la ronda de audiencias públicas agendadas para el 16 y 17 de agosto. Dentro de los que expondrán están ex parlamentarios, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Universidad Católica, la Fundación Iguales y la Fundación Jaime Guzmán.
Este es el documento completo
