La Comisión de Educación de la Cámara rechazó la idea de legislar sobre la indicación sustitutiva ingresada por el gobierno al proyecto de reforma a la Educación Superior.
Esto en una votación de 6 votos a favor, 6 votos en contra, y una abstención de la diputada Camila Vallejo. La ministra de Educación, Adriana Delpiano, mostró su "decepción" por el resultado de la votación, señalando que esperan revertir el panorama durante la votación en la Sala de la Cámara, que se realizaría mañana.
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¿Qué pasa si el proyecto se rechaza en Sala? El proyecto se votaría mañana, ya que cuenta con suma urgencia. En caso que la Sala de la Cámara apruebe el texto, retornará a la Comisión de Educación para su debate en particular (o de indicaciones). En caso que sea rechazado, el gobierno no podrá legislar en torno a este tema durante un año. |
El revés en la votación se vivió luego de una tensa sesión, donde Delpiano explicó los contenido de la indicación sustitutiva ingresada al proyecto de reforma al sistema universitario.
Fue durante su intervención que la titular del Mineduc anunció que este año se ingresarán modificaciones al Crédito Con Aval del Estado.
"Durante el segundo semestre se ingresará un proyecto de Ley en el cual se elimine y reemplace el CAE por un nuevo instrumento que debiera comenzar a operar a fines del 2018", detalló.
La ministra aseguró que en el caso del CAE "no es tanto su problema de los intereses que cobra, sino que es un paso por la Banca que no tiene ninguna justificación".
Delpiano eso sí fue enfática que, a diferencia de la gratuidad y las becas, el crédito es un mecanismo especial donde los estudiantes deben pagar los montos que se les prestan, más allá de si son facilitados o no por la banca.
Los ejes del cambio a la reforma
Uno de los principales cambios apunta a dividir el proyecto en dos, “a fin de agilizar su tramitación legislativa”. El cambio implicará que los aspectos relacionados con las universidades estatales se abordarán en un nuevo proyecto de ley, el que ingresaría en el mes de mayo.
En cuanto al aseguramiento de la calidad, se reemplazará la creación de un nuevo servicio (Consejo para la Calidad) y se consagrará la obligatoriedad de la acreditación institucional.
En relación al financiamiento, uno de los principales cambios es la decisión de mantener el Aporte Fiscal Directo para las Universidades del Consejo de Rectores, que en el texto original se terminaba en un plazo de 5 años, algo que había sido criticado por las instituciones, sobre todo las del G9 (privadas adheridas al Cruch).
Otro guiño a las universidades del G9, es que se realiza una distinción entre las universidades estatales, las no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores, además de privadas. El anterior texto solo distinguía entre estatales y privadas, lo que generaba reparos en el G9.
Adicionalmente se “incluye un artículo que reconoce la importancia y trayectoria de las Universidades del Consejo de Rectores”. La anterior versión del proyecto hacía este guiño solo a las estatales.
En cuanto a la prohibición efectiva del lucro, la ministra Delpiano explicó este martes que "ha sido un tema de preocupación y lo que estamos poniendo en esta ley es equivalente a lo que dice el sistema penal chileno, su expresión ya también a otro proyecto que regula los temas de negociación incompatible".
