Una intensa jornada tuvo el Caso Caval este lunes. El juzgado de garantía de Rancagua rechazó la posibilidad de un juicio abreviado para el síndico de quiebras, Herman Chadwick, imputado por otorgar ventajas indebidas, declaraciones incompletas o falsas, omisión maliciosa de declaración y declaraciones maliciosamente incompletas o falsas.
La audiencia estuvo marcada por la intervención el CDE, que pidió una pena de 11 años de cárcel para el síndico. "Los hechos realizados por el señor Chadwick son extremadamente graves y dan una muy grave señal del comportamiento de los funcionarios públicos", afirmó la consejera María Inés Horvitz.
"Creemos que Juan Díaz -condenado por la causa por su rol en sobornos a funcionarios de la municipalidad de Machalí- no actuó de mutuo propio, creemos que tuvo el encargo del señor Chadwick y otros de destinar los dineros que recibió para sobornar a los funcionarios públicos", agregó.
Chadwick, por su parte, dijo que " mantengo mi inocencia siempre" y que "nunca he hecho sobornos (...) jamás he pagado a funcionarios públicos".
Tras la audiencia, el tribunal ordenó que se incorpore al síndico en la audiencia de preparación de juicio oral, fijada para mañana 5 de diciembre.
Diligencias contra Dávalos
En paralelo, el fiscal Emiliano Arias envió un oficio al SII para que se pronuncie sobre las imputaciones contra Sebastián Dávalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, en el marco de la querella por estafa interpuesta por el empresario Gonzalo Vial, quien pagó mil millones por informes presuntamente plagiados.
La diligencia surge luego que El Mercurio publicara la declaración que entregó Mauricio Valero el pasado 29 de noviembre, donde involucró a Dávalos señalando que realizó informes para Vial en 2012, cuando se desempeñaba como funcionario de la Direcon.
"Esas boletas son emitidas por Sebastián Dávalos, y dicen relación con asesorías comunicacionales, pero debo aclarar que las mismas no corresponde a la asesoría que en ella se expresa; esto porque Natalia Compagnon decidió que su marido emitiera boletas con dicha glosa por los trabajados que efectuaba para Gonzalo Vial, ya que él aún se desempeñaba en un cargo de gobierno; y, según ella, consideraba que una asesoría comunicacional no implicaba una transgresión administrativa", testificó.
En relación a estos antecedentes, el fiscal Arias detalló que "se solicitó la ampliación del plazo en relación a esa investigación, que fundamentalmente se refiere al delito de estafa. Pero como en todo delito de económico, en general, la forma de comisión de este delito no es extraño que se realice mediante el ocultamiento de la operación mediante boletas falsas”
