En su última intervención ante el Senado antes de ser desaforado, el senador Iván Moreira pidió que el Ministerio Público demuestre "en un juicio justo y ahora" que no ha existido "una persecución política" en su contra.
"Pido y tengo derecho a un juicio justo y rápido. No pido privilegios ni un trato mejor, quiero ser juzgado como un ciudadano, no como un político", agregó Moreira.
El pasado 3 de noviembre la Corte Suprema aprobó el desafuero del senador Iván Moreira, en el marco de las investigaciones por el denominado caso Penta, que lo vinculan con boletas ideológicamente falsas.
"Ya lo dije: llevo tres años en incertidumbre, y la fiscalía se ha tomado todo el tiempo del mundo para armar un escándalo político donde hay solo desprolijidad en gastos de campaña. Me querrán sacar del Senado, pero no me rendiré jamás. Y no es solo un discurso heroico", agregó Moreira.
La medida en su contra comenzará a regir en los próximos días, con lo que la fiscalía podrá pedir medidas cautelares en su contra y, eventualmente, ser llevado a juicio como cualquier ciudadano. Si bien quedará suspendido de sus funciones legislativas, podrá participar de actos públicos y recibir a personal en su oficina regional.
En su intervención, Moreira señaló que el Ministerio Público se ha adjudicado "funciones que ni la Constitución ni la ley le encomiendan", con una referencia a las escuchas telefónicas a las que fue sometido el presidente del Senado, Andrés Zaldívar.
"Las acciones de la fiscalía lo que hacen es contribuir gravemente al descrédito institucional al que se nos quiere someter", acusó el senador que prontamente será desaforado.
Los argumentos del desafuero
El fallo de la Corte Suprema donde se aprobó el desafuero señala que “queda en manifiesto la presencia de antecedentes serios y graves que hacen plausible la configuración del delito atribuido". El documento indica que los nueve magistrados que estuvieron a favor estimaron que los hechos comprobados hasta ahora “permiten presumir fundadamente la intervención del imputado en el mismo, comprensiva –a lo menos- del conocimiento del hecho típico y la voluntad de su realización”.
El parlamentario fue formalizado en 2015 por delitos tributarios e infracción a la ley de donaciones mediante la emisión de boletas falsas por parte de personas vinculadas a su campaña para llegar a la Cámara Alta. El monto sobrepasa los $38 millones y Moreira ha insistido en su inocencia.
