A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) respaldó a la subsecretaria Tatiana Rojas, en medio de la polémica que se toma la agenda por un convenio millonario que fue suscrito entre la seremi de Antofagasta y la fundación Democracia Viva.
En el escrito se destaca que el día 3 de mayo, antes de que los cuestionamientos se hicieran públicos, la subsecretaria Rojas solicitó "de inmediato al seremi Carlos Contreras un informe detallado" para esclarecer los puntos detallados.
Luego de recibir el primer borrador, asegura el Minvu, se ordenó por parte de la subsecretaria un análisis preliminar por parte del Encargado Nacional del Departamento de Asentamientos precarios.
En el punto tres, se detalla que "tras varios correos de insistencia por parte de la autoridad nacional, el seremi Carlos Contreras envió el informe final con los antecedentes solicitados", y este fue remitido luego al Encargado Nacional del Departamento de Asentamientos Precarios, quien actualmente se encuentra "realizando una serie de recomendaciones".
Respaldo a Rojas
En el punto cinco del comunicado, el Ministerio de Vivienda declara que "la subsecretaria Rojas solicitó tomar medidas correctivas al proceso y solicitó una investigación a la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también una revisión exhaustiva de todos los antecedentes del caso, las cuales estaban en proceso cuando esto se dio a conocer ante la opinión pública el pasado jueves 15 de junio".
Luego, se especifica que el mecanismo que se utiliza para el Programa de Asentamientos Precarios es el mismo que se usa en el Minvu desde el año 2019 sin modificaciones".
"La subsecretaria Rojas solicitó tomar medidas correctivas al proceso y solicitó una investigación a la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también una revisión exhaustiva de todos los antecedentes del caso, las cuales estaban en proceso cuando esto se dio a conocer ante la opinión pública el pasado jueves 15 de junio", se señala en el punto 7.
Para terminar, se plantea que "frente a las sospechas de delitos e irregularidades", el Minvu está a disposición del Ministerio Público.
