El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, confirmó que es “imposible” cerrar la cárcel de Punta Peuco, donde cumplen condena un grupo de exmilitares condenados por violación a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Pese a que la mayoría del oficialismo había pedido esta medida, o en su defecto trasladar al penal que tiene mejores condiciones que el resto de las cárceles en Chile a mujeres presas embarazadas o que sean madres de niños y niñas lactantes, el titular de Justicia explicó que no están las condiciones adecuadas.
“Punta Peuco está en una zona donde carece de agua. Esa es una zona, de hecho, tiene un predio al costado que hace bastantes años compró el Estado de Chile para la construcción para Gendarmería y no se puede construir porque no hay agua, se abastece con camiones aljibes”, explicó Cordero.
“Eso implica que esa zona, desde el punto de vista penitenciario, no hubiese podido ser densificada ni aumentada”, añadió.
“Sobre la situación del penal Punta Peuco, como penal; cuál es su estructura, cómo es su densificación, el tipo de población y su destino, es un penal como cualquier otro que puede ser objeto de adecuación. Pero desde el punto de vista del cierre del establecimiento, es imposible. Desde el punto de vista de la adecuación, como cualquier establecimiento penal, es posible”, complementó.
Actualmente en Punta Peuco hay 135 personas privadas de libertad que fueron condenadas por crímenes de lesa humanidad, mientras que otras 191 condenadas por delitos similares están en Colina I. El ministro Cordero explicó que en ambos lugares hay sobrepoblación penal, por lo que no es viable un cierre de ninguna cárcel en Chile.
“Tenemos una sobrepoblación muy evidente. Este es el momento en que el país tiene más personas privadas de libertad que nunca en su historia. Nosotros tenemos un sistema con plaza para 42 mil personas y tenemos hoy más de 56 mil personas privadas de libertad”, detalló el representante del gobierno.
“En materia de derechos humanos, nosotros hemos avanzado intensamente en el Plan Nacional de Búsqueda y a que se cierren los casos en las indagaciones que están llevando los jueces de dedicación exclusiva. Hasta hoy el Estado de Chile y los jueces chilenos siguen condenando por delitos de lesa humanidad, y ese es nuestro objetivo, ese es el objetivo del programa de derechos humanos”, agregó.
