La ministra de Educación, Adriana Delpiano, iniciará en los próximos días una serie de gestiones para explicar los avances en la puesta en marcha de la educación superior, dirigido especialmente a rectores, parlamentarios y la Confech.
En entrevista con el diario La Tercera, afirmó que lo que le importa es que "todos los sectores tengan la posibilidad de ser escuchados", tarea en la cual ha ayudado mucho el comité consultivo, según su opinión. "El consenso es difícil, porque, además, evidentemente tú logras más consenso cuando puedes disponer de mayores recursos, pero nosotros estamos en una situación en que se tiene una restricción global en el país y hay una restricción presupuestaria, pese al inmenso crecimiento que tiene educación", estimó.
De acuerdo con la ministra, "una reforma siempre tiene un grado de incertidumbre, si tú no te arriesgaras en algún punto, nunca podrías cambiar las cosas. El cambio genera incertidumbre. (...) Hay un temor al cambio que te paraliza y la única manera de que el temor al cambio no se dé es que lo converses mucho, hagas el mejor esfuerzo por escuchar".
Sobre la claridad de los recursos que se destinarán, Delpiano admitió que no están muy claros, pero es por una razón: "No es una cierta cantidad, porque va a tener que pagar todo lo que sea la cantidad de alumnos hasta el quinto decil de aquellas instituciones que firman el convenio con el ministerio. ¿Cuánto es eso? Va a depender de la cantidad de alumnos del quinto decil que haya en esas universidades", que se estiman cerca de 200 mil, considerando tanto alumnos nuevos como aquellos que ya estén en curso.
La ministra aclaró que esta medida no pretende que haya una condonación para los alumnos endeudados, pero sí hay cambios en el caso de alumnos que estaban pagando un CAE, que tienen una beca que le cubría un pedazo y están en el quinto decil. Ellos pasarán a ser cubiertos por la gratuidad y no se seguirán endeudando.
Para las universidades que elijan no acogerse a la gratuidad, sus alumnos no corren el riesgo de perder las becas financiadas por el Estado. Sobre los criterios que se implentarán para definir las instituciones privadas elegibles que podrán optar a la gratuidad, ya está establecido que deben tener cuatro años de acreditación, no tener dentro de su directorio instituciones con fines de lucro, aunque la institución sea sin fin de lucro, y tener algún tipo de instancia de participación en instancias colegiadas de la institución.
Acerca de la posibilidad de convocar a las instituciones que cumplen con los requisitos, la ministra indicó que ello dependerá de que se logre sacar la ley adelante.
Finalmente, sobre las estimaciones sobre cuándo pordía llegarse a la gratuidad total en el sistema, afirmó que eso es un tema de disponibilidad de recursos, por lo que "en la ley va a tener que señalarse bajo qué parámetros se sigue avanzando en deciles, no sé si se va a establecer en años exactos o en condicionantes exactas".
