El Ministerio de Justicia le solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrir ante los tribunales civiles para pedir la disolución de la Fundación Democracia Viva, la corporación con la que la Seremi de Vivienda de Antofagasta suscribió contratos irregulares y que destapó el Caso Convenios.
Tras recopilar antecedentes en el Servicio de Registro Civil e Identificación de la Municipalidad de Ñuñoa y de la propia entidad, la Subsecretaría de Justicia decidió solicitar la acción al CDE, porque se detectaron "diversas faltas" de carácter legal.
"Se detectaron diversas faltas de carácter estatutario y legal, cometidas por el directorio de la fundación lo que hace necesario poner término a sus actividades y disolver su personalidad jurídica", dijeron desde el Ministerio de Justicia.
"Durante el procedimiento, se detectaron irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento en el objeto social y en la administración del patrimonio fundacional en relación con el Código Civil, y en convenios celebrados con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta", detallaron.
"En particular el incumplimiento de sus estatutos, su objeto y patrimonio social, desnaturaliza los fines propios de la fundación, persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro", complementaron.
La Fundación Democracia Viva
El Caso Democracia Viva saltó a la luz luego que se conociera el convenio al que suscribió con la Seremi de Vivienda de Antofagasta cuando ambas instituciones eran lideradas por militantes de Revolución Democrática (RD) y cercanos a la diputada del partido Catalina Pérez.
Daniel Andrade, representante legal de la fundación era el pololo de la parlamentaria, y Carlos Contreras era seremi en aquel momento y había sido jefe de gabinete de Pérez.
Por el convenio, el Ministerio de Vivienda le entregó 426 millones de pesos a la fundación que no tenía expertiz en el tema y, posteriormente que el caso se dio a conocer, se pidió la devolución de los fondos.
Tras la revisión legal realizada por el Ministerio de Justicia se concluyó que Democracia Viva tenía “numerosos incumplimientos estatutarios detectados durante la fiscalización, que importan una infracción grave a sus estatutos”.
“Por la imposibilidad de desarrollar su objeto social, lo que hace inviable su existencia en la vida del derecho, ya que sus infracciones son de tal magnitud que no es posible corregirlas y su objeto, adolece de reparos que no es factible modificarlo sin que la entidad devenga en otra totalmente distinta”, explicaron desde Justicia,
