Por Paula Valenzuela
Por ocho votos contra cuatro, la comisión de Salud resolvió este lunes que los proyectos de ley refundidos que buscan detener el alza de precios en planes de salud durante el Estado de Excepción y previo a este por 180 días son admisibles.
El lunes pasado, en la instancia, el diputado de la UDI Javier Macaya había puesto en duda su constitucionalidad. Y el gobierno, en representación del abogado Jaime González, había comunicado su reserva de constitucionalidad. Esto, pese a que la mesa de la Cámara -liderada por el RN Diego Paulsen- ya había declarado admisible la moción.
El proyecto de ley justamente estaba firmado por diputados oficialistas como los RN Ximena Ossandón y Andrés Celis, lo que en la sesión del pasado lunes 8 de junio provocó una tensión entre Chile Vamos y el gobierno.
El abogado González había acuñado que en la iniciativa se abordaba una materia exclusiva del Ejecutivo: seguridad social. Lo mismo replicó el diputado Macaya, quien había precisado que este debate no debía centrarse en “buenos” o “malos” sino de respetar la constitucionalidad.
Finalmente, este lunes, según lo acordado, expusieron en la instancia de Salud los abogados constitucionalistas Carlos Carmona, Enrique Navarro y Liliana Galdámez además del secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros. Esto, con el objetivo de resolver las interpretaciones de constitucionalidad.
Carmona y Navarro, por un lado, contradijeron la constitucionalidad de este proyecto por tratarse, dijeron, de una materia exclusiva del Ejecutivo como lo es la seguridad social del país.
Por otro lado, según los presentes, Galdámez y Landeros defendieron su constitucionalidad. La abogada recalcó que en tiempos de pandemia se debía defender el derecho a la salud, tal como contempla la Constitución.
Landeros, a su turno, enfatizó en que se deben respetar las minorías en el Congreso y que esta era una materia que era absolutamente abordable por la Cámara. Según presentes, enfatizó que siempre está la instancia de la reserva constitucional al final del proceso legislativo o bien un veto presidencial, pero no la prohibición de discutir temas. De acuerdo a diputados de la instancia, Landeros precisó que en todos los gobiernos había ocurrido que se buscaba vetar temas “incómodos” a discutir en la Cámara.
“Abuso de poder”
El punto más álgido del debate se dio entre Macaya y Ossandón. El diputado UDI acusó “abuso de poder” a sus pares que respaldaron la iniciativa por sobrepasar la ley mientras Ossandón le recriminó que su postura solo buscaba eco en redes sociales. Esa idea fue refutada por el propio Macaya quien le recalcó que su posición justamente es “impopular”.
El diputado Macaya enfatizó en que esto era casi “autoritarismo”. “Le estás diciendo a la gente que también pueden incumplir las leyes”, dijo.
“En tiempos de pandemia me llama la atención que algunos aún estén activos por el cambio a la Constitución siendo que con la actual pueden hacer lo que quiere. No sé para qué quieren cambiar la Constitución si con esta hacen lo que quieren”, puntualizó Macaya en la instancia, idea que luego fue dicha a T13.CL.
Al ser requerida por este medio, la diputada Ossandón afirmó que “no tiene mucho que ver” el debate de la nueva Constitución con el tema de las isapres.
“Ningún diputado ni senador quiere transgredir la Constitución, entonces, ver en todos lados vicios cuando hay un mecanismo que ha regido por años en la Cámara, que es el primer filtro de la mesa... al final es querer ser más papistas que el Papa. A todos nos sorprendió cuando se nos pidió tener esta sesión final para ver la admisibilidad de estos proyectos”, sostuvo Ossandón a T13.CL.
La diputada agregó que “hay parlamentarios de todos los colores, partiendo por la UDI y RN, la izquierda, que más de alguna vez han presentado proyectos que han sido considerados inconstitucionales”.
En tanto, el diputado Tomás Hirsch (independiente, exPH), quien lideró la presentación de este proyecto, comentó a este medio que “es muy grave que el gobierno haya pretendido declarar este proyecto como inconstitucional: tienen que transparentar si se van a poner del lado de la gente o de los grupos económicos”.
El tema de la inconstitucionalidad de proyectos ha sido tema de debate en el oficialismo, pues entre RN, la UDI y Evópoli se han enrostrado su promoción o adhesión. Esto, han dicho, “perjudica” al gobierno. De hecho, ha sido discutido en reuniones de comité político ampliado.
