Fue una sorpresa para todos. Este martes en la tarde, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) decidió revertir la decisión del Servicio Electoral (Servel) que disolvió a Ciudadanos como partido político al no haber logrado el mínimo requerido de firmas para su constitución, pese a que el movimiento liderado por Andrés Velasco había presentado un porcentaje mayor.
La determinación del organismo electoral sorprendió al partido y también a sus aliados de Sentido Futuro (Amplitud y Red Liberal), con quienes pretendían competir en las elecciones parlamentarias de este año. El Servel había determinado que una parte importante de las firmas no eran procedentes: que había duplicadas, que había firmas de extranjeros, que algunos ya pertenecían a otros partidos, que faltaban datos.
Pero el Tricel dio un portazo a esa determinación. “Se acoge la reclamación (…) y se declara que dicha colectividad política cumple los requisitos legales”, falló el órgano, confirmando que las rúbricas y argumentos de Ciudadanos sí eran válidos y que, por lo tanto, ordenaba al Servicio Electoral a declararlo como “legalmente constituido y proceder a las inscripciones correspondientes”.
Conocido el fallo, Velasco disparó duramente contra el Servel. "Hay que preguntarse si las instituciones están haciendo bien su labor (...). Nos impusieron la pena máxima cuando no correspondía pena alguna, se cometió una injusticia, nos impusieron un costo. Se limitó el derecho de muchos ciudadanos a participar en política y eso es especialmente grave en un momento en que precisamente tenemos una crisis de participación en que mucha gente se queda en la casa y no vota", dijo.
Más cruda fue la respuesta del empresario Jorge Errázuriz, quien iba como candidato al Senado por Ciudadanos y que debió bajar su carrera. "Yo estoy indignado, me causaron un daño gigante. No soy una persona de la política, pero me metí en esto, con las mejores intenciones, y me tiraron al suelo por dos meses, me metieron grave al hospital. El mensaje del Tricel no es solo que el Servel hizo mal su pega, sino que hay algo mal en la institucionalidad del servicio electoral", afirmó a T13 Semanal.
El episodio es uno más de los que ha debido enfrentar la institución liderada por Patricio Santamaría en poco más de un año, en medio de los acomodos a las nuevas normativas legales que rigen la política en el país. A eso se suman algunas polémicas en torno a los integrantes de su Consejo Directivo.
Polémica por procesamiento de Cheyre
En julio del año pasado, el ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre presentaba su renuncia como integrante del Servicio, luego de que fuera detenido y procesado por el Caso La Serena, episodio ocurrido en octubre de 1973 en el marco de la Caravana de la Muerte. Sin embargo, su salida se dilató hasta enero de 2017.
Su mantención en el cargo generó una larga polémica, que tenía enfrentado al Gobierno con el Congreso y el Servel. Primero se argumentaba que su salida podía afectar el quórum mínimo del organismo para sesionar, ya que en ese entonces faltaba nombrar un integrante tras la renuncia de Gonzalo Molina. Luego, pese a haber sido reemplazado, Cheyre se mantuvo en su cargo casi siete meses.
"Me bastante impresentable que siga participando del Consejo directivo del Servel en atención a que él se encuentra procesado por una causa de DD.HH, teniendo presente que el Servel es el órgano encargado de velar por los procesos democráticos en nuestro país", decía el senador Pedro Araya en ese momento.
El nombre de Revolución Democrática
En octubre de 2015 ocurrió un hecho insólito. El Servel decidió rechazar la inscripción como partido político de Revolución Democrática (RD), argumentando un oficio que debía cambiarse la denominación “Revolución”, ya que a su juicio, es un concepto “contrario a la Constitución y la Ley”.
Sebastián Depolo, entonces coordinador nacional del movimiento, debió apelar y seguir todo el conducto regular para que se aprobara el nombre escogido. “Hay una normativa del año 1987, de la dictadura, que señala que los partidos políticos no pueden tener frases o alocuciones que sean atentatorias contra la paz social y el orden Constitucional. El Servel, con una falta de criterio absoluta, consideró que con nuestro nombre caíamos en esto que aparece en la ley obsoleta de 1987”, afirmaba.
Finalmente, el Servel debió ceder y aceptar la denominación tras dos semanas de polémicas. El argumento apuntaba a que “la mayoría de sus acepciones indican o dan a entender eventuales acciones contrarias al orden público y a la paz social, lo que viene a vulnerar los artículos 4 y 19 de la Constitución y el artículo dos” de la Ley de Partidos Políticos.
Impedimento de propaganda por redes
Casi un año atrás, otra polémica se había apoderado del Consejo Directivo del Servel. El organismo había aprobado una polémica norma que impedía que la propaganda electoral pudiese realizarse por redes sociales o internet, entendiéndola solo como un “evento o manifestación pública”. Las críticas fueron inmediatas y transversales.
Luego, el Servel debió anunciar la incorporación de dos criterios para revertir la "desafortunada polémica" y catalogó los mensajes por estas vías como "comunicaciones privadas", permitiendo que se mantuviera la propaganda vía redes sociales.
Cambios involuntarios de domicilio electoral
Sin embargo, la polémica más grande ocurrió previo a las elecciones municipales pasadas, luego de que T13 revelara que por error se habían cambiado los domicilios electorales de casi 500 mil personas que habían realizado trámites en el Registro Civil.
"Nosotros (Servel) materialmente construirnos un padrón, pero a partir de la base de los que son la información que recibimos de 6 o 7 instituciones. Cómo nos gustaría que el Servel recuperara las facultades para construir nosotros el padrón, tener esas facultades que tuvimos hasta el año 2012 y que luego se han visto diluidas", afirmó Santamaría en ese momento.
Esto ocurría luego de otra polémica, por la inclusión de Detenidos Desaparecidos en el padrón. "Hoy día cuando se nos critica cuando están las personas detenidas desaparecidas, hermanos nuestros que desaparecieron hace más de 40 años, pero mientras no sean declarados muertos por el Registro Civil nosotros tenemos que seguir manteniéndolos, porque para todos los efectos son personas vivas", aseguraba el presidente del consejo directivo.
