Durante los últimos días el grupo internacional Laureate ha estado en el centro de la discusión en materia educacional luego de que, en un documento oficial presentado a las autoridades estadounidenses, describiera su modelo de negocios.
Al surgir estos antecedentes, la ministra de Educación, Adriana Delpiano anunció un sumario investigativo por presunto lucro al grupo que controla las universidades Andrés Bello, de las Américas y Viña del Mar y aseguró que el modelo entra "en colisión con leyes que el país tiene en materia de educación".
Sin embargo, el lucro no es lo único que se está investigando. El fiscal Carlos Gajardo advirtió que también podría haber delitos tributarios, por lo que ya fueron enviados los antecedentes al Servicio de Impuestos Internos (SII).
"Hay antecedentes de la existencia de posibles delitos tributarios, los que le fueron comunicados en su momento al SII vía oficio", había expresado ayer miércoles Gajardo a T13.cl.
Lo cierto es que ya en marzo del año 2014, y a raíz de una denuncia por lucro presentada por un grupo de diputados, la Fiscalía ofició al SII dando cuenta de presuntas irregularidades relacionadas con el pago de más de US$ 83 millones hacia empresas relacionadas.
En el documento, fechado el 25 de marzo de 2014 —al que accedió T13.cl— el Ministerio Público se refiere a los pagos.
Según consta en ese informe, estos pagos fueron "realizados por las Universidades Viña del Mar, de Las Américas y Nacional Andrés Bello con Laureate Trademark, BV y Laureate Education, Inc, por montos durante los años 2011 a 2013 de US$ 28.707.839 dólares (UDLA), US$ 47.763.657 dólares (UNAB) y US$ 7.212.134 dólares (UVM)".
En el oficio de la Fiscalía se indica que "dichas cantidades de dinero (más de ochenta millones de dólares en tres años) de acuerdo a lo que se indica en el oficio referido no habían pagado el impuesto adicional del artículo 59 de la Ley de Renta atendido lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley 16.840 de 1968, modificado por la Ley 18.247".
En el documento también se cita la respuesta del Consejo Nacional de Educación a una apelación presentada por la Universidad de las Américas respecto a los pagos de servicios: "en cuanto a los contratos de servicios operacionales y educativos, surgen dudas razonables acerca de su pertinencia y utilidad".
"No es evidente que estos servicios sean claves para la sustentabilidad de la Universidad", añade el consejo.
