Este viernes se espera que el Gobierno de Gabriel Boric presente el veto a la Ley de Usurpaciones. Desde el Ejecutivo han cuestionado la denominada "legítima defensa privilegiada" que incluida en la normativa, y también la proporcionalidad de las penas.
El proyecto de ley que tenía, en la mayoría de los aspectos, el respaldo del gobierno, alcanzó la mayoría en ambas cámaras del Congreso a fines de agosto y quedó en condición de ser una norma promulgada por el Ejecutivo.
Se trata de una iniciativa que establece sanciones más estrictas al delito de usurpación de propiedades, modificando el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el delito de usurpación y facilitar la detención de los ocupantes.
Entre sus principales objetivos está sancionar con presidio toda la hipótesis de usurpación, extendiendo el período de flagrancia; y permite que durante la investigación y la demanda se realice la restitución anticipada del inmueble ocupado.
Y si bien durante el debate en el Senado se solicitó la separación de la votación de algunas partes del proyecto, finalmente fue aprobado en su totalidad, por lo que quedó en condición de convertirse en Ley de la República.
Uno de sus puntos más conflictivos fue el artículo referente a la "autotutela", puesto que incluso el gobierno apuntó que no promulgarían el proyecto en caso de aprobarse tal como venía conformado.
Legítima defensa privilegiada, el punto conflictivo de la Ley de Usurpaciones
Hace dos meses, la Cámara de Diputadas y Diputados ya había aprobado la iniciativa, incluyendo la polémica legítima defensa privilegiada, lo cual generó rechazo por parte del gobierno.
¿Por qué? Porque a su juicio, la normativa permitiría a civiles el poder recuperar terrenos ocupados "por mano propia". Y no solo eso, dado que incluso se apuntó que permitiría no solo defenderse, sino que defender a terceros o contratar a un grupo de personas que podrían hacer uso de cualquier tipo de violencia para poder recuperar inmuebles.
Este miércoles, la ministra del Interior volvió a cuestionar la polémica Ley de Usurpaciones, y especificó los puntos que incomodan al Gobierno de Gabriel Boric.
“Como quedó definida la legítima defensa, en la práctica, una persona apoyada por terceros puede ocupar cualquier herramienta y cualquier arma para defenderse de manera indefinida en el tiempo. Eso es muy complejo, no existe respecto a ningún delito en Chile y significa decirle a la gente que se tiene que defender sola”, expresó Tohá.
“Aquí quedó formulada de tal manera que es la misma pena si quienes hacen la usurpación, por ejemplo, se saltan la reja o rompen el candado, amenazan con una pistola a los hijos de los ocupantes. La pena es la misma. Entonces, ¿qué significa en la práctica que alguien que está usurpando una propiedad, al momento de decidir el modo de actuación, tiene estas dos alternativas, va a irse por la más violenta?”, planteó.
