En medio de una nueva crisis instalada en La Moneda, esta vez entre el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS), y el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza (PC), tanto en el oficialismo como en los pasillos de Palacio, no hay quien deje de hacer una comparación: hace exactamente 33 días, la Presidenta Michelle Bachelet enfrentaba una disyuntiva similar con dos de sus secretarios de Estado.
Hoy la tensión está focalizada en Aleuy, quien se encuentra encerrado en su oficina, a la espera de una reunión con la Mandataria. De hecho, no participó del comité policial que desarrolló a mediodía en su repartición y en la que estuvo representado por su jefe jurídico, Luis Correa Bluas.
Hace poco más de un mes el jefe de Hacienda, Rodrigo Valdés, decidía renunciar a su cargo, molesto por la decisión del gobierno de apoyar el rechazo a la instalación del proyecto minero-portuario Dominga.
Valdés siempre estuvo a favor de su aprobación, argumentando la necesidad de impulsar el crecimiento económico, mientras que el ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, planteó que la minera no tenía las condiciones de resguardo ambiental necesarias para su construcción.
Ambos expusieron sus posturas públicamente, dejando en evidencia una fuerte controversia que generó críticas tanto en el oficialismo como en la oposición, por la “falta de coordinación” al interior del gabinete. A ello se sumaron los gestos públicos y privados que la propia mandataria desplegó en favor de Mena, detonando la crisis en el equipo económico.
En este caso, la historia no es muy distinta: mientras el subsecretario Mahmud Aleuy nunca fue partidario de recalificar la invocación de la ley antiterrorista contra cuatro comuneros mapuches que mantenían una huelga de hambre, el ministro Barraza advirtió en una entrevista a El Mercurio que en Chile “no existe terrorismo”.
Eso, además de cuestionar la ejecución de la “Operación Huracán” defendida por Aleuy, en alusión al operativo que detuvo a ocho comuneros mapuches en la IX Región.
Pero al margen de la disputa entre ministros, en el oficialismo advierten que el tema más complejo es que, tanto Valdés como Aleuy se enfrentaron, sin previo aviso, con un mensaje nítido de la propia Presidenta Michelle Bachelet: la pérdida de respaldo de la línea política que venían marcando.
En el caso de Valdés, fue la propia Presidenta quien salió a defender la decisión de rechazar la instalación de Dominga, en medio de una actividad pública en la que se le vio a acompañada de Mena.
“Chile necesita crecimiento de la mano del cuidado al medioambiente”, aclaró la Presidenta. Sus dichos fueron una sentencia para Valdés, quien públicamente ya había transmitido su reclamo contra algunos ministros, por no tener, a su juicio, el crecimiento de la economía del país entre sus prioridades.
En el caso de Aleuy, - quien siempre ha sido definido en el oficialismo como “el soldado más leal de Bachelet”-, recibió desde Buenos Aires – ciudad donde estuvo el viernes para abordar más antecedentes de la operación Huracán-, una decisión del Ejecutivo que puso en jaque toda su estrategia para enfrentar el conflicto mapuche: el ministro del Interior, Mario Fernández anunció el retiro de la ley antiterrorista a los comuneros en huelga, para que estos depusieran el ayuno.
Al igual que Valdés en Hacienda, Aleuy sintió que quedó sin facultades para seguir enfrentando la situación en la Araucanía. En el caso de Valdés, los rumores de renuncia no sólo se concretaron al cabo de tres días de haberse instalado la crisis públicamente, sino que además, se incluyó la salida del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, y del ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes.
En la Subsecretaría de Interior los comentarios entre pasillos auguran un desenlace similar. Aunque desde el oficialismo esperan que, a diferencia de Valdés -quien no logró llegar a un acuerdo con Bachelet-, con Aleuy primen las cercanías históricas: ambos son socialistas y fundadores de corriente Nueva Izquierda y han mantenido un lazo de lealtad durante años.
Como sea, a diferencia de Valdés, Aleuy cuenta con una afinidad y cercanía con la Presidenta, lo que representa una dificultad mayor para zanjar el conflicto.
