El martes en la tarde el senador Hernán Larraín recibió un llamado que había estado esperando desde el inicio del día. Al otro lado de la línea, el ex timonel y líder histórico de la UDI, Pablo Longueira.
Larraín había telefoneado a Longueira temprano, sin éxito. Tras eso, transmitió a Andrés Chadwick -estrecho amigo del ex ministro de Economía- su lectura de lo que ocurría: la revelación publicada el día anterior por Ciper Chile sobre el intercambio de correos entre Longueira y el ex gerente de SQM, Patricio Contesse, marcaba un punto de inflexión para el partido.
Tras los fuertes costos que el partido había pagado -y aún paga- por la condena de Jovino Novoa en el caso Penta y el desafuero de Jaime Orpis en el caso Corpesca, la UDI no estaba en condiciones de aguantar una nueva temporada de presión pública sobre si -esta vez- Longueira debía o no renunciar al partido.
Chadwick transmitió a Larraín que Longueira saldría a enfrentar el tema públicamente. Poco después, Larraín hizo un alto en la discusión de la reforma laboral en el Senado para anunciar a la prensa que había pedido al ex senador -a través de cercanos- dar una "explicación al país" sobre lo ocurrido con SQM.
En el diálogo telefónico con Larraín al final de la tarde, Longueira le dijo que saldría al día siguiente a hablar sobre lo ocurrido. Y que renunciaría a la colectividad. Nada de suspender o congelar su militancia, figuras que el ex senador considera de medias tintas. "En tu lugar, yo haría lo mismo", respondió Larraín.
Según ha transmitido Longueira, desde que conoció lo publicado por Ciper Chile había estado reconstruyendo su rol en el proyecto que modificó el Impuesto Específico a la Minería, enviado por el gobierno de Sebastián Piñera en agosto de 2010. Sin negar sus contactos con Contesse, Longueira ha dicho que el propio gobierno de la época le había pedido ayuda para viabilizar una norma que ya había encontrado rechazo en el Parlamento en el primer proyecto enviado por La Moneda para recaudar fondos para la reconstrucción. Por lo mismo, por esos días él conversó con varios altos personeros de la entonces Concertación, entre ellos ex Presidentes de la República, y también con ejecutivos de empresas del sector. Y que el resultado de todas sus conversaciones habían sido puestas en conocimiento del gobierno.
El viernes, el ex ministro de la Segpres, Cristián Larroulet, admitiría haber recibido de Longueira la propuesta del ahora polémico artículo, a través de un correo electrónico en que el entonces senador no le explicó que había sido redactado en SQM.
Más allá de los descargos del ex timonel, la decisión de renunciar a la UDI descomprimía en algo el escenario para la directiva de la colectividad. Sin embargo, el "longueirazo" -como le dicen en privado algunos en el partido-, volvió a golpear anímicamente a la colectividad justo cuando se trabaja en un diseño político con que el partido intenta levantar la cabeza, tras alrededor de un año de continuas polémicas por investigaciones de corrupción, iniciadas con el caso Penta a fines de 2014.
Un millón en cuatro cuotas
La crisis instalada en la UDI ha tenido efectos claros en lo público: el partido está en el último lugar de evaluación de colectividades, según la encuesta Adimark de febrero. Sin embargo, ha tenido también otras consecuencias, que han golpeado con fuerza puertas adentro.
Por ejemplo, en lo relativo a financiamiento. En el partido explican que tras el destape de las indagaciones a Novoa, Iván Moreira, Ena Von Baer y otras figuras del partido producto del caso Penta, los aportes regulares que recibían de empresarios comenzaron a reducirse progresivamente.
Según altos dirigentes del partido, la directiva se vio obligada a tomar medidas radicales. No bastó con visitar personalmente a altos ejecutivos y tratar de convencerlos de mantener los aportes. La UDI debió gestionar créditos con la banca privada. E incluso, para mantener la "caja chica" funcionando, pedir un aporte extraordinario de un millón de pesos a todos los parlamentarios, pagado en cuatro cuotas. Todos esos aportes ya fueron concretados, dicen en el partido.
En paralelo, la directiva de Larraín -que asumió con un mandato de transición tras la renuncia de Ernesto Silva a inicios de 2015 y que se impuso como objetivo diseñar un plan de "reconstrucción" de la colectividad- trató de dimensionar cuán golpeado estaba el ánimo de los militantes. En numerosas conversaciones y también aprovechando reuniones en regiones, representantes de la mesa preguntaban a los más jóvenes si su ingreso al partido apuntaba a trabajar en alguna campaña u objetivo de corto plazo o si, por el contario, se trataba de un compromiso de largo plazo, "de vida". La mayoría de las respuestas fueron más por la primera alternativa.
En paralelo, la cúpula y los parlamentarios gremialistas se enfrascaron en un duro debate sobre si sancionar o no a militantes investigados, formalizados o condenados. La definición oficial del partido es que si se cometieron irregularidades pero no hubo enriquecimiento personal, no hay sanciones. Algo que, para varios, se trató de un traje a la medida de la condena recibida por Novoa.
"Refundar" con la misma mesa
En ese contexto, el debate en torno al futuro del partido fue haciéndose inevitable, dicen en la UDI. Y tendrá un hito clave el próximo sábado, cuando la colectividad realice en el ex Congreso un Consejo General por la mañana y, por la tarde, una Convención Programática Nacional.
Ahí, la mesa de Hernán Larraín presentará una propuesta que en la directiva califican de "refundacional". En lo público, habrá un "ajuste" en el nombre y la imagen del partido. Varios comentan que podría eliminarse el apellido de "popular".
Pero también se presentará un "proyecto político" que apunta a actualizar el perfil estratégico de la colectividad, planteando -a grandes rasgos- el Chile de los '90 con el 40% de población bajo la calificación de pobreza dio paso a un país con una creciente clase media, por lo que es necesario actualizar propuestas y procedimientos. Ahí se incluirán normas para enfrentar los casos de corrupción: cualquier militante con antecedentes judiciales o comerciales no podrá asumir un cargo interno o ser candidato.
La renuncia a la militancia, sin embargo, seguiría siendo una decisión personal. "Pero el estándar ahora es el fijado por Longueira y no por Jovino, quien pese a la condena mantuvo su militancia", defienden algunos. Aunque en el partido las divisiones aún son marcadas: el asunto fue debatido el martes en el almuerzo de los diputados y no hubo consenso en torno al punto.
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En los meses previos, la mesa encargo estudios de opinión sobre cómo le iría a una eventual "UDI renovada". Los estudios apuntaron a saber hasta dónde se podía implementar cambios sin perder a la base más dura y antigua de militantes. Un equilibrio difícil pero necesario, comentan.
Un elemento clave de este diseño apuntaba a que su "puesta en marcha", una vez aprobado en el consejo general de la semana próxima, fuera concretada por una nueva directiva, con caras jóvenes y que diera cuenta de un recambio efectivo. Esto, coincidiendo con el plazo fijado desde el principio para que Larraín dejara la testera: mayo de este año.
Sin embargo, la alternativa que se levantaba con ese objetivo esta semana bajó su postulación. El diputado Jaime Bellolio, quien levantó un discurso duro en torno a congelar militancias ante casos de corrupción y actualizar posturas del partido. Sin embargo, él mismo informó el lunes pasado a Larraín que lo mejor sería que continuara su mandato hasta noviembre próximo, para elegir una nueva mesa después de las elecciones municipales.
Un factor clave en la decisión de Bellolio, dicen cercanos al diputado, fue la oposición a su proyecto de buena parte de la bancada de senadores. En los días previos, el diputado habló con varios de ellos. En el partido dicen que varios de ellos -como Juan Antonio Coloma, Víctor Pérez, Jacqueline van Rysselberghe- preferían una mesa de consenso. Algunos miran con interés además la performance que pueda realizar Joaquín Lavín como jefe de la campaña municipal de octubre próximo: si obtiene un buen resultado, quedaría en la pole position para asumir la conducción gremialista al mes siguiente.
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La posibilidad de que varios senadores -y otros dirigentes- bloquearan su elección en el consejo general un factor clave para Bellolio, quien -dicen sus cercanos- espera doblarles la mano en una elección de un militante, un voto, como podría ser la de fin de año.
Sin embargo, hubo otro elemento relevante en la decisión del joven diputado: el "longueirazo" reponía con fuerza el debate en torno a las sanciones a indagados por la justicia, lo que polarizaba aún más a la colectividad. Y obligaba a que, en caso de asumir, la nueva directiva debiera administrar un escenario más parecido al que recibió Hernán Larraín a inicios del 2015 que otro mirando más "hacia adelante".
Como sea, en los últimos días Larraín ha insistido públicamente en que quiere dejar la directiva en mayo, pues sería lo mejor para el partido. Y la mesa buscará respaldos para su propuesta la semana que viene en la comisión política y las bancadas parlamentarias. El martes, los diputados donde analizarán el escenario tras las crisis desatada por Longueira en una cena.
Sin embargo, para varios es claro que si el tema de la continuidad de Larraín no se zanja antes, se tomará la discusión del consejo general del próximo sábado, dejando en segundo plano el debate en torno al nuevo "proyecto UDI".
