Diputados de Renovación Nacional (RN) ingresaron una solicitud a la Contraloría General de la República para que se refiera a la “legalidad” del reconocimiento entregado por el Presidente, Gabriel Boric, al exjuez Baltasar Garzón, quien promovió el arresto de Augusto Pinochet en Londres, en 1998.
El jefe de la bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, y la parlamentaria Marcia Raphael pidieron al ente fiscalizador pronunciarse sobre “la legalidad y procedencia de otorgar medallas u otra clase de condecoraciones honorarias sin haberse instituido estas mediante un acto administrativo que habilite y regule su concesión".
Los parlamentarios piden a la Contraloría revisar "si resulta así procedente para el caso de la Medalla Conmemorativa de los 50 años del Golpe de Estado que fuere otorgada oficialmente a los ciudadanos españoles, Sres. Baltasar Garzón y Joan Manuel Serrat, por parte de S.E. el Presidente de la República en el marco de su reciente gira a Europa".
El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.
El parlamentario destacó que "lo que hizo el Presidente Boric al encontrarse con el juez Garzón fue sacar una cosa que yo suponía que iba a salir, que es una especie de medalla o símbolo".
"Yo me estuve preparando para esta charla en la mañana. Estuve revisando mis cajones y yo debo tener unas 200 medallas de cada conferencia que asisto", indicó.
"En cada conferencia hay una medalla. En cada acto político hay una medalla. El Partido Socialista, por ejemplo, cuando hizo su acto de aniversario, a muchos de nosotros nos dieron una medalla por los 90 años", agregó.
"Entonces, la verdad que esto de la condecoración es una exageración absoluta y a mí me asombra que se haya seguido con este término. El gesto fue darle la mano y decirle: 'Aquí tiene esta medallita'", señaló.
"El Presidente puede que tenga algún aprecio por él, yo no lo reprocho. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el enfoque que dio Garzón a la cosa de Chile", aseveró.
"Nosotros insistimos mucho en que esto era un tema de soberanía nacional, que no podía otro país arrogarse el derecho a juzgar a Chile, pero España tenía una legislación que el juez Garzón aplicó, que después fue derogada, felizmente. Ya no pretenden encausar a todos los que han cometido violaciones a los Derechos Humanos en el mundo, aunque no sean españoles las víctimas", finalizó.
