Por Phillip Durán
“Queremos celeridad, queremos que esto se tome en serio”, dijo la diputada Camila Vallejo (PC) en una rueda de prensa el miércoles pasado, en la que -junto al representante en Chile de Amnistía Internacional- pidió al gobierno cumplir su compromiso de enviar un proyecto de ley para modificar y actualizar las normas sobre inmigrantes. Vallejo informó además que ella y otros nueve parlamentarios presentaron un proyecto de acuerdo solicitando a la Presidenta Bachelet el envío de dicho texto.
Algunos días antes, había sido la diputada Paulina Núñez (RN) quien -junto a otros parlamentarios de la oposición y el DC Jorge Sabag- presentaron una iniciativa propia al Parlamento, que endurece las condiciones en que se permite a los migrantes conseguir visas temporales o de trabajo.
El debate abierto en la Cámara de Diputados apunta a un diagnóstico transversal: la actual Ley de Extranjería y Migraciones fue dictada en 1975 por el régimen militar, bajo un enfoque fuertemente restrictivo y con el acento en bloquear la llegada de partidarios de la izquierda. Un ejemplo: Al enumerar a quiénes se prohíbe la entrada a Chile, el primer lugar lo ocupan “los que propaguen o fomenten de palabra o por escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno”.
Tanto en el oficialismo como en la oposición admiten que es necesario actualizar la normativa, pues la de mediados de los 70 no da cuenta ni de las complejidades ni de la envergadura actual del fenómeno. Según el Anuario Estadístico Nacional Migración en Chile 2005-2014, las cifras crecieron de 105 mil migrantes en 1992 a casi 411 mil en 2014.
Ese aumento es mucho más nítido en algunas zonas del país. Además del tradicionalmente alto índice en la Región Metropolitana (61,5% de los migrantes llegaron a Santiago), el 6,9% en Antofagasta plantea un cuadro distinto al 0,4% de Aysén.
Aumentar las restricciones
De hecho, el caso de Antofagasta es el de mayor crecimiento: los 28.236 migrantes a 2014 significan un incremento de 327% desde 2005. Escenario marcado por el empuje económico del sector minero y por la numerosa llegada en los últimos años de ciudadanos colombianos: Aunque la mayoría de los extranjeros viene de países fronterizos (41,8% de Bolivia y 28,6% de Perú), los colombianos son el 11% en 2014, subiendo en 9,4% en los últimos nueve años.
A nivel nacional, Colombia está en segundo lugar en cuanto a visas otorgadas en 2015, con un 20%, después de Perú (28%). Aunque en la lista le siguen países de origen más tradicionales como Bolivia (18%) y Argentina (4,6%), han aparecido también otros como Haití (4,1%) y más atrás República Dominicana (1,5%).
El rápido crecimiento de colombianos instaló un duro debate en la capital de la Segunda Región. El Departamento de Extranjería y Migraciones, de hecho, creó el llamado “formulario Antofagasta”, que permite solicitar visa de residencia a través de correo, lo que ayudó a disminuir en algo las largas colas que se hacían casi a diario para dichos efectos.
Con el paso de los años fueron, además, generándose hechos de violencia, como enfrentamientos entre chilenos y colombianos tras partidos de ambas selecciones de fútbol, marchas de antofagastinos contra los migrantes de ese país y, en septiembre de 2015, un episodio que provocó gran revuelo: dos inmigrantes chinos apuñalados por uno colombiano, quien fue finalmente condenado en primera instancia a diez años de cárcel.
Con ese telón de fondo, la propuesta de la diputada Núñez -que representa al distrito de Antofagasta- apunta a endurecer o “desincentivar” -según se lee en el proyecto de ley- el ingreso de inmigrantes que llegan a Chile como turistas pero que, en realidad, buscan obtener una visa de residencia temporal (incluida la posibilidad de trabajar) o definitiva.
Así, el proyecto de Núñez establece que los trámites para una visa de residencia deberán ser realizados en el país de origen del migrante.
“Cuando un migrante entra lo hace generalmente como turista y eso no le permite a la Policía de Investigaciones y a otros organismos, por ejemplo, pedir un papel de antecedentes y saber cuál es su conducta en el país de origen. Son muy pocos los que vienen con un contrato de trabajo, postulando a una residencia temporal (…) Ya estando en nuestro país, aquellos que ingresaron como turistas empiezan a hacer los trámites para una residencia temporal o definitiva y eso por supuesto que no nos permite hacer una buena revisión y se hace muy difícil que, por ejemplo, quien no cumple con los requisitos sea devuelto a su país", explica a T13 la diputada.
A su juicio, los migrantes en Chile deben tener "derechos y deberes". "Eso es vital porque hoy día muchos extranjeros no tienen siquiera una lectura de una cartilla de cuáles son los deberes a los que tienen que someterse en el país y siguen creyendo que están en su país de origen y eso no es así. Esto se ve muchas veces incluso cuando un migrante va a un consultorio. Ahí nos han dicho que tienen presupuesto para diez y terminan atendiendo a 15 porque, por supuesto, esos cinco extras tienen que atenderlos por una cuestión humanitaria. Pero si no los tenemos catastrados, si no están con sus visas como corresponde, difícilmente los servicios públicos van a tener recursos para esa personas, porque para ellos no existen".
“Condenada al fracaso”
La propuesta de la diputada Núñez es criticada por el Jefe Nacional del Departamento de Extranjería y Migración, Rodrigo Sandoval, quien indicó a T13 que “es una medida que uno puede entender desde el punto de vista lógico, pero la verdad es que está condenada al fracaso desde un punto de vista práctico”.
“En la mayoría de los países en que se han realizado ejercicios restrictivos ante la migración, estos han demostrado su fracaso. Es casi un consenso entre quienes estudian los temas migratorios que, a mayor restricción en el ingreso, no se contiene, no se regula, no se administra, no se gobierna la inmigración, sino que solamente aumenta la irregularidad”, agregó Sandoval.
Para el abogado el cuadro es simple: al no permitir al migrante que ingresó como turista optar a una visa de trabajo o de residencia temporal, “si han llegado con lo que tienen puesto a buscar una oportunidad de trabajo y nosotros les decimos, vuelva a su país de origen y después conversamos, esa persona no tiene ninguna posibilidad de cumplir lo que le estamos pidiendo y lo que terminará haciendo es optar por una vida clandestina en Chile”.
Si han llegado con lo que tienen puesto a buscar una oportunidad de trabajo y nosotros les decimos, vuelva a su país de origen y después conversamos, esa persona no tiene ninguna posibilidad de cumplir lo que le estamos pidiendo y lo que terminará haciendo es optar por una vida clandestina en Chile.
Con este diagnóstico detrás, el Departamento de Extranjería estrenó en 2015 una nueva visa, que facilitó aún más a los migrantes la posibilidad de obtener el status de residencia temporal.
Hasta ese año, en Chile existía la Visa Sujeta a Contrato: El migrante que tuviera un contrato de trabajo firmado, podía obtener este permiso de residencia temporal, que se extinguía al caducar dicho contrato. El empleador, por su parte, tenía la obligación de pagar el o los pasajes de regreso del migrante y su familia a su país natal.
La nueva Visa por Motivos Laborales -que comenzó en febrero del año pasado- también exige la existencia de un contrato de trabajo, pero elimina la obligación a los empleadores de pagar los pasajes de regreso del migrante y, además, tiene una duración de un año, período tras el cual se puede optar a la residencia definitiva en Chile.
Según cifras de Extranjería, el año pasado se entregaron más de 166 mil visas que permitían conseguir un trabajo. De ellas, casi 65 mil fueron las Visas por Motivos Laborales (39%), superando a las Sujeta a Contrato, que fueron casi 22 mil (13%).
Sumando ambos tipos de visas más otras que permite acceder a un trabajo -como la Mercosur, para ciudadanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay- el 72% de las visas entregadas en 2015 permite a extranjeros tener un empleo en Chile.
De acuerdo a las cifras oficiales de Extranjería, el porcentaje de extranjeros ocupados es de 71,9%, versus el 52,8% de nacionales.
Sandoval se hace cargo del tema, que marca también buena parte del debate sobre la migración: “El mito es que la migración atenta contra el acceso a fuentes de trabajo de la población nacional. Eso es absolutamente falso. Pero tiene sí una posibilidad de ser cierto respecto de la inmigración irregular. Son las personas que no cuentan con su permiso de trabajo, las que están dispuestas a trabajar en cualquier cosa, a cualquier precio y se transforman en competencia desleal”.
“Chile necesita migrantes”
El cambio en las visas relacionadas con empleo tiene detrás un drástico cambio de enfoque en las normas de migración.
Aunque el Gobierno aún no presenta su propuesta al respecto, Extranjería ya elaboró un borrador, acorde a un instructivo firmado por la Presidenta Bachelet en 2015.
En este último documento -al que accedió T13-, la Mandataria establece el propósito de “ir igualando progresivamente los derechos entre la población chilena y quienes han optado por hacer una nueva vida en Chile, en materias como acceso a salud, trabajo, vivienda, educación, cultura y justicia, bajo el principio de la no discriminación”.
La Presidenta afirma en el documento -distribuido a más de una decena de servicios públicos- que se puede reconocer a Chile como “un país de migración. En efecto, ésta ha sido y es un aporte fundamental para la definición de su cultura. Es también una fuente inagotable de oportunidades de desarrollo en los más diversos ámbitos de la vida del país”.
En ese contexto, el proyecto de ley preparado por el gobierno establece expresamente derecho de los migrantes a salud, educación, seguridad social y derechos laborales.
Y, al contrario de la norma actualmente vigente -donde el ingreso de manera irregular a Chile es castigado con penas de cárcel y, tras su cumplimiento, la expulsión de territorio nacional-, la iniciativa en que trabaja el Ejecutivo señala que la migración irregular “no es, por sí misma, constitutiva de delito”.
Ir igualando progresivamente los derechos entre la población chilena y quienes han optado por hacer una nueva vida en Chile, en materias como acceso a salud, trabajo, vivienda, educación, cultura y justicia, bajo el principio de la no discriminación.
Consultado por T13 si a Chile le interesa “incentivar” la migración, Sandoval afirmó que “es una respuesta que la institucionalidad migratoria debe estar en condiciones de proporcionar. Pero que yo, en lo personal, estoy seguro de que así es. Chile necesita no sólo tolerar a la migración que ya tiene, sino que necesita más migración. No sólo desde el punto de vista económico, en el cual las cifras son claras respecto a que a Chile le hace bien contar con personas migrantes, sino que además desde el punto de vista cultural”.
Apoya sus dichos en cifras: en años promedio de escolaridad, los migrantes tienen 12,6, versus 10,7 de los nacionales. En porcentaje de población inactiva, los migrantes tienen un 23%, mientras los nacionales un 43%. En autopercepción de su estado de salud, el 72% de los extranjeros se califica con nota entre 6 y 7, versus el 63% de los chilenos.
Su mirada es compartida también en sectores de la oposición. En 2014, el ex canciller del régimen militar, Hernán Felipe Errázuriz, publicó junto al investigador de Libertad y Desarrollo, Alvaro Bellolio, el libro “Migraciones en Chile: oportunidad ignorada”.
“La inmigración es buena y puede ser mejor”, dijo Errázuriz en esa oportunidad. “Lo que queremos transmitir es que hay un montón de mitos en esto, como por ejemplo que los inmigrantes son una carga para los países: la verdad es que son mucho más jóvenes, más emprendedores, tienen mejor salud, tienen mejor educación, niveles de pobreza un tercio menores…Hay que decir que la inmigración es buena, y hay pruebas de eso. No sólo por la contribución demográfica, sino por el aumento de la productividad del país”.
Revisa la nota de T13
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