El ministro del Interior Gonzalo Blumel descartó que el proyecto que endurece las sanciones para quienes incumplan las normas sanitarias sea “encarcelar la pobreza”, como han dicho algunos parlamentarios de oposición en el debate. El jefe de gabinete aseguró que la medida es necesaria y que en nuestro país existe “igualdad ante la ley”.
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“Posiblemente no han entendido bien el proyecto. Lo que hace es establecer un conjunto de instrumentos para sancionar a quienes no cumplen la ley y esto es independiente de la condición socioeconómica o la realidad de cada persona. En Chile existe la igualdad ante la ley y la ley es general y juzga a las personas de acuerdo a su acción”, dijo Blumel luego que el Congreso despachara la reforma constitucional.
Según el titular de Interior y Seguridad Pública, el proyecto “contempla una serie de alternativas para juzgar cada acción de acuerdo a la realidad”. “Establece la posibilidad del trabajo comunitario, pero si se hace necesario ante incumplimientos graves, da la posibilidad de sanciones mucho más duras, incluidas penas de cárcel hasta por cinco años”, agregó.
La reforma que fue apoyada por el Ejecutivo podrá penar con hasta tres años de cárcel a quienes no cumplan con la cuarentena decretada por la autoridad sanitaria, o incluso con hasta cinco años a quienes, sabiendo que están contagiados y puede contagiar a otras personas, no cumplan con las restricciones.
Blumel también comentó la posibilidad de que el proyecto sea llevado al Tribunal Constitucional por parte de algunos parlamentarios.
“Este proyecto avanzó con amplias mayorías y en el Senado se aprobó con una votación muy importante. Habría que esperar y ver si efectivamente hacen o no hacen uso de esa posibilidad. Llama la atención que haya tenido el voto favorable de senadores socialistas y hoy haya generado ruido”, dijo el ministro en relación a que sería desde este partido donde surgió la idea.
Según los datos entregados por el gobierno, hasta la fecha más de cien mil personas han sido detenidas por violar la cuarentena en distintos sectores del país y de ellas, ocho mil han sido detenidas en dos o más ocasiones.