Una mención a los casos de presunto financiamiento irregular a la política realizó el Departamento de Estado Norteamericano en su Reporte de Derechos Humanos para otros países, correspondiente al año 2015 y presentado este miércoles por John Kerry.
El capítulo chileno del “Country Reports on Human Rights Practices” menciona los casos Penta, SQM y la investigación por presunto cohecho contra el senador Jaime Orpis. Otro de los aludidos es el hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por el Caso Caval.
El informe señala que “durante el año, fiscales abrieron una investigación contra una gran empresa de servicios financieros, el Grupo Penta. Penta fue acusada de presunto financiamiento ilegal a campañas de políticos pertenecientes al partido de la oposición, la Unión Demócrata Independiente, y de evadir impuestos haciendo pasar como gastos de la empresa donaciones de campaña”.
Al final de este año cuatro ejecutivos de Penta fueron formalizados de evasión de impuestos, sobornos y lavado de dinero y quedaron con la medida de arresto domiciliario a la espera de un juicio”.
El documento alude además al Caso SQM señalando que la minera no metálica fue investigada durante 2015 por “prácticas similares” a las de Penta. Sin embargo, consigna que “SQM presuntamente habría entregado financiamiento ilegal a candidatos de todo el espectro político”
En cuanto al Caso Caval, señala que en febrero de 2015 se abrió “una investigación contra el hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, quien presuntamente habría ejercicio influencias indebidas durante su participación en las transacciones realizadas por la empresa de su esposa”. (N. de la R: Si bien se citó a declarar a Dávalos en varias oportunidades, el hijo de la Presidenta no ha sido imputado ni formalizado en esta causa).
Por otro lado, cita el caso del senador Jaime Orpis, quien es investigado por cohecho por “presuntamente haber aceptado dinero a cambio de sus votos en una controversial ley de cuotas pesqueras”.
En medio de este contexto, el informe del Departamento de Estado Norteamericano consigan que en febrero de 2015 la Presidenta Michelle Bachelet anunció la la creación de un consejo asesor contra la corrupción y los conflictos de intereses y en abril envió proyectos de ley al Congreso para fortalecer las leyes sobre financiamiento y ética durante las campañas. “La primera de esas leyes fue aprobada en noviembre”.
Adicionalmente, cita el informe, el Consejo Asesor recomendó un total de 236 medidas anticorrupción, y la presidenta participó del lanzamiento de una nueva organización no gubernamental, el Observatorio Anticorrupción, “para monitorear la implementación de esas medidas”.
En este sentido, destaca las medidas de declaración de patrimonio e intereses, señalando que la ley obliga a las autoridades públicas a hacerlas públicas y fija sanciones frente a incumplimientos. “Sin embargo, no mandata la creación de una unidad para monitorear las declaraciones”, advierte.
En cuanto al acceso público a la información, consigna que la ley chilena exige a los gobiernos y sus actores hacer pública toda la información desclasificada acerca de sus actividades y se garantiza el acceso a los ciudadanos y no ciudadanos, así como a los medios extranjeros, el acceso a toda la información desclasificada. “La ley regula la transparencia del gobierno y entrega acceso público a la información”, dice.
Se destaca que la ley es aplicable a ministerios y a nivel regional, provincial y municipal, las fuerzas armadas y de orden y seguridad, las empresas públicas que el Estado controla en más de un 50% o la proporción mayoritaria de sus directorios. “La ley consigna una lista de cinco excepciones para la confidencialidad”, señala.
El informe relata que las solicitudes de acceso a la información deben ser respondidas en 20 días hábiles, sin costo; y que en casos de incumplimiento, el encargado de la organización es sujeto de una multa de entre el 20 al 50 por ciento de su salario mensual. A esto suma que el Consejo para la Transparencia –que es autónomo- se encarga de velar por el correcto acceso a la información y fallar en casos donde la información es negada.
Baja representación femenina
El informe consigna la presencia de sólo 19 mujeres en una Cámara de Diputados de 120 miembros, y de sólo seis mujeres dentro de 38 Senadores. Del mismo modo, hay ocho mujeres en un gabinete de 23 ministros.
En este contexto, destaca que dentro de la reforma al sistema electoral, se consagró una norma para avanzar en la paridad de género, la que exige que al menos un 40% de los postulantes sean de sexo femenino.
Revisa el informe completo
