Traspaso de información privilegiada, faltas a la probidad e "intervención indebida" son algunas de las observaciones manifestadas por la Contraloría en un informe de investigación especial realizado a la municipalidad de Machalí, en el marco de la vinculación de ex funcionarios públicos con la empresa Caval, de Mauricio Valero (en la foto) y Natalia Compagnon.
En cuanto a la arista de información privilegiada, los dardos apuntan a dos funcionarios: Jorge Silva Menares, ex director de Obras, y a la arquitecta Cyinthia Ross, ambos formalizados por cohecho en el marco de la causa Caval. Según el Ministerio Público, los funcionarios recibieron millonarios pagos por parte del gestor inmobiliario y ex operador político UDI Juan Díaz en miras a acelerar el proceso de cambio de uso de suelo, que incrementaría los valores de los terrenos adquiridos por Caval.
El informe de Contraloría señala que el 2 de octubre de 2013 Silva Menares responde un correo a Mauricio Valero, en el que le informa "los pasos que adoptaría ese municipio para aumentar la densidad de habitantes en algún terreno que no se especifica, señalando en lo medular que de la propuesta de la SEREMI de 60 hab/há, se solicitará un aumento a 80 hab/há, para posteriormente, ya con el Plan Regulador Intercomunal aprobado, proceder a efectuar una enmienda aumentando la densidad en un 20% fundado en que "(...) consideramos que no es suficiente la densidad para generar proyectos atractivos y se logre materializar prontamente la vía Santa Elena".
La Contraloría sostiene que lo anterior "importa la entrega de información privilegiada, toda vez que aquella, al corresponder a futuras gestiones o procedimientos que adoptaría la entidad edilicia para aumentar la densidad en un polígono predial e incluir una vía, no estaba a disposición del público en general".
El análisis agrega que dicha información "era conocida por aquel en razón del cargo que ejercía y, por otra parte, otorgaba ventaja a quien la recibió en relación a otros interesados, por lo que debe ser calificada como información privilegiada".
En el caso de Cynthia Ross -quien además es sobrina del dueño original de los terrenos vendidos a Caval, Patricio Wiesner- la Contraloría "constató" que el 27 de noviembre de 2013 la arquitecto le envió un correo a Mauricio Valero en el que le informa sobre el estado del "Estudio de Capacidad Vial de la Modificación al Plan Regulador Intercomunal de Rancagua, Sector Cruce Los Nogales de Machalí", que sería presentado a la Seremi. Y que -como se describirá más adelante- motivó una serie de gestiones por parte de la entonces funcionaria municipal.
El informe de Contraloría detalla que Ross le señala al socio de Compagnon que el trámite de la evaluación ambiental estratégica de la actualización del plano regulador se encontraba aprobado, lo que corresponde a información propia de la elaboración del instrumento y que -dice el informe- "no debió haber sido comunicada a terceros ajenos a los servicios públicos involucrados por un funcionario".
El ente contralor señala tanto la actuación de Silva como la de Ross vulneran el principio de probidad administrativa que ordena desempeñar "una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular", así como el evitar "usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña".
La Contraloría instruye informar dentro de un plazo de 15 días hábiles respecto del proceso disciplinario realizado por la municipalidad.
"Presiones" e "intervención indebida" de Cynthia Ross
El informe de Contraloría dedica especial atención en el rol de Cynthia Ross en la elaboración de un documento titulado "Estudio de capacidad vial de la modificación al plan regulador intercomunal de Rancagua, sector cruce Nogales, Machalí".
Un documento que según el informe de control "vino a reforzar la pretensión de la municipalidad de Machalí" de incorporar en la modificación del plano regulador una serie de terrenos al sur de la carretera el Cobre. El informe hace hincapié en que el documento no figura en ninguno de los contratos de prestación de servicios a honorarios suscritos entre la municipalidad y la arquitecta.
Pero no sólo eso: la Contraloría advierte sobre gestiones "indebidas" de la profesional en favor de la modificación del plano regulador, algo apetecido por Caval.
Entre ellas se citan una serie de correos electrónicos enviados por Ross a la Seremi, donde "efectuó una serie de consultas relativas al estado de trámite del estudio de capacidad vial en cuestión y eventuales modificaciones" al plano regulador, "lo que no se condice" con los contratos que detallan sus funciones.
"Nos preocupa de sobremanera como municipio encontrarnos con una propuesta diferente a la que nuestro Concejo aprobó", le señala Ross a Héctor Díaz Zapata, funcionario de la Seremi el 4 de abril de 2013, de acuerdo a lo que consigna el informe.
A esto se suman otros correos fechados al 15 de mayo de 2013 y el 13 de enero de 2014, donde la funcionaria consulta a Díaz y otro funcionario de la Seremi -Hugo Olate- sobre un calendario de fechas tentativo y sobre la posibilidad de "coordinar una reunión" para definir "si era necesario colaborar en la aprobación y confección de planos" para la modificación del plano regulador.
La situación llegó a tal punto que Olate le indicó a Ross: "Te rogaría no presionar ya que estamos muy conscientes de lo que significa este instrumento de planificación, no solo para Machalí, sino para las 6 comunas integrantes del Plan". En tanto, el otro funcionario de la Seremi le plateó a la arquitecta que "hay normas que debemos respetar y que nos impiden conversar de plazos con los municipios"
La Contraloría determinó que ninguna de estas actuaciones habían sido requeridas expresamente o mandatadas por la municipalidad, lo que evidencia una "intervención indebida que excede las atribuciones del municipio".
