El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) solicitó formalmente al Ministerio de Defensa Nacional tener acceso a la nueva versión del protocolo que establece las reglas para el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
El documento fue ingresado a la Contraloría General de la República, que ya tomó razón.
"La relevancia de una nueva reglamentación en la situación actual del país es evidente, y amerita ser analizada desde el punto de vista de los estándares internacionales de derechos humanos, tal como ha ocurrido en relación a la Circular de Uso de la Fuerza y Protocolos de Carabineros para el control del orden público, que han sido revisados en instancias convocadas por el Gobierno a las que ha sido invitado a participar el INDH", dice el oficio.
La Controlaría General de la República informó el miércoles que tomó razón del nuevo decreto de uso de la fuerza en las Fuerzas Armadas ante un eventual estado de excepción constitucional, como el que se vivió hace cuatro meses luego del estallido social, cuando las FFAA salieron a las calles con un decreto que databa de la década de 1980.
La jefa (s) de la Unidad Jurídica del INDH, Daniela Lara, explicó que “es fundamental, que al igual que los Protocolos de Carabineros para el Mantenimiento y Control del Orden Público, estas nuevas reglas sobre uso de la fuerza se apeguen estrictamente a los estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, para que la aplicación de este protocolo en estados de excepción constitucional, o en el resguardo de infraestructura crítica -discusión que se mantiene en sede legislativa-, no vulnere en ningún momento las garantías fundamentales de las personas".
"Una vez que recibamos respuesta al oficio el Consejo del INDH analizará la pertinencia de realizar observaciones o recomendaciones al protocolo, de manera de que la actuación de las Fuerzas Armadas sea acorde con el respeto irrestricto de los derechos humanos", agregó la abogada.
En el documento el INDH recuerda que en virtud del mandato que le asigna la Ley 20.405, tiene el deber de “promover que la legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, a fin que su aplicación sea efectiva".
