Hugo Dolmestch está viviendo su último año como presidente de la Corte Suprema. Durante este periodo, el abogado estará enfocado en recorrer los diferentes tribunales para conversar recoger las diferentes inquietudes y preocupaciones de los jueces.
El jurista también espera que en lo que le resta de mandato pueda trabajar en la rehabilitación e integración de los reos en el sistema. En este sentido dice que el construir más cárceles es "una solución para los jueces", pero que él está "más preocupado de la rehabilitación real, que es buscar trabajos" para evitar los colapsos y hacinamientos en los centros penitenciarios".
Pero unos reos que han dado especialmente de que hablar en el último tiempo son los de Punta Peuco y la discusión para otorgarles el indulto a los que tengan una enfermedad terminal. Recientemente este tema volvió a salir flote luego de que Gustavo Muñoz falleciera al interior del penal. Al respecto, el magistrado aseguró en La Tercera que le parecía "triste lo que pasó con este señor y su familia" y agregó que "yo siempre he manifestado que no debiera ocurrir. Por supuesto, ningún preso debe morir en la cárcel, un mínimo de respeto de la dignidad humana está en permitirle una muerte digna y rodeada de su familia. Ahora, como nosotros tenemos un poco de desconfianza, todos creemos que nos mienten".
Eso sí, el máximo juez de la República asegura que esta "conmiseración" que puede llegar a sentir por esos presos "no tiene nada que ver con la responsabilidad de ellos en los delitos, porque por esos ya fueron condenados". "A mí se me encomendó, como juez instructor, averiguar la verdad sobre unos hechos criminales que habrían sucedido en una determinada época. Yo hice todo lo que podía, y cuando esto quedó claro no tuve ninguna duda en condenarlo", enfatizó.
Investigaciones y juicios en el poder político
En los últimos años hemos visto como autoridades y figuras políticas han ingresado a los tribunales, e incluso han sido procesados y sujetos a medidas cautelares por parte del Poder Judicial. De acuerdo con el magistrado, el aporte que la justicia puede hacer en estos casos es "que no se tenga ninguna conmiseración con la investigación. Hay que investigar todo lo que aparezca, y yo creo que en ese sentido el Ministerio Público lo está haciendo bien".
En el mundo político también se ha producido otro fenómeno que tiene que ver con la presentación de querellas entre figuras de diferentes partidos, en una práctica que algunos han considerado como una utilización del Ministerio Público para sacar dividendos electorales o políticos. Al respecto, Dolmestch señala que él no lo ve así y señala que "si la fiscalía investiga, es porque tiene más de algún antecedente".
No obstante, también indicó que "sería muy bueno" elevar los requisitos de admisibilidad de los recursos y que en los casos en que los inculpados resulten inocentes "debiera haber una declaración tan publicitada como la primera, a fin de que ellas salven su honor, porque en esto estamos todos peligrando. En cualquier momento se le ocurre a alguien hacer una querella. Yo tengo fe de que la fiscalía no acoge cualquier cosa, pero por supuesto que se puede instrumentalizar".
El presidente de la Corte Suprema también se refirió a la designación de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado y señaló que "si la Presidenta hizo uso de una facultad, ella sabe por qué lo hizo. Yo creo que no es causa de inhabilidad que la gente piense que esa persona lo hizo bien o mal" y agregó que "la señora Blanco, además, es una persona bastante preparada. Es una muy buena abogada. No tendría por qué no tener las condiciones para el cargo".
Demandas ciudadanas
La nueva ley de estacionamientos ha provocado malestar en los ciudadanos, especialmente luego de que se conociera que las tarifas subieron hasta un 75% tras la entrada en vigencia del nuevo cuerpo legal. Para el magistrado es muy probable que lo anterior " no haya sido previamente contemplado, y si es así, los dos hechos base, que subieron los precios y la ley se dictó pensando en otra perspectiva, claramente serían un error. Pero eso se puede corregir".
Otras de las demandas que han manifestado los ciudadanos al poder político están referidas con los costos de las isapres y las AFP. Respecto de las primeras, el poder judicial ha visto como los cotizantes han presentado recursos de protección para evitar el alza de sus planes. Esto es algo que ha seguido de cerca el magistrado, quien asegura que "hay tribunales que, prácticamente, están trabajando para eso. En la corte hay toda una dependencia de gente trabajando en este tema. Yo no sé qué solución legislativa puedan tener, pero la gente por algo reclama. Y por algo se acogen".
