Qué observar. Este jueves por la mañana el consejero de Republicanos, Sebastián Parraguez aprovechó la presencia del Contralor Jorge Bermúdez en la sesión de la Comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo Constitucional, para preguntarle por las investigaciones por posible fraude al fisco abiertas por el Ministerio Público, por traspasos de fondos desde Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) a fundaciones.
- “¿Qué falló en el caso de la fundación Democracia Viva?”, preguntó el consejero. “Lo que existe acá es una carencia de regulación desde el punto de vista de cómo están, a nivel legal, reguladas estas instituciones”, dijo Bermúdez. “Se ha hecho una opción por parte del Estado (…) de que sean fundaciones privadas las que ejerzan funciones que habitualmente son públicas”.
- Luego, ante los periodistas, anunció una inédita medida, que sorprendió no sólo a los presentes, sino que también a La Moneda, donde —según conocedores de la decisión—, desconocían la determinación adoptada por el contralor.
- “La Contraloría tomó la decisión de suspender la tramitación de aquellos (convenios) que pasan por la Contraloría, mientras no podamos tener más antecedentes y tener claro lo que está ocurriendo con esos recursos y con las entidades que tienen esos convenios”, dijo Bermúdez.
- Se trataba de una medida inédita, cuya duración es incierta y que ocurre en medio de las investigaciones abiertas a las fundaciones ligadas a Revolución Democrática (RD) Democracia Viva (por $426 millones) y Urbanismo Social, tanto en Antofagasta como en El Maule.
- La decisión de Bermúdez fue informada este jueves por la mañana a las direcciones regionales del organismo, que actualmente desarrolla más de 1.200 fiscalizaciones.
Lo que hay detrás de la decisión. Bermúdez —quien deja el cargo el 17 de diciembre— tomó la decisión basándose en el nivel de opacidad que ha detectado en los traspasos de dinero a corporaciones o fundaciones, cuentan conocedores de su decisión. También se argumenta que la medida se adoptó porque se desconoce la profundidad total del problema, dado que se han detectado casos en regiones del norte y sur.
- El contralor —quien tiene una relación colaborativa con el fiscal nacional Miguel Ángel Valencia — evaluó que era impracticable remediar en forma rápida la situación, por lo que tomó una decisión drástica como es congelar la toma de razón de los traspasos.
- Bermúdez dijo en el Consejo Constitucional que “lo que ha ocurrido acá es que hay una situación sofisticada donde se han producido hechos que eventualmente son constitutivos de corrupción, producto de que el Estado ha entregado estos recursos, con poca regulación, a entidades que son de naturaleza privada”, dijo, advirtiendo que este esquema podría alcanzar a los municipios.
- Sobre la dimensión de la situación, dijo que “el Estado de Chile transfiere todos los años cientos de miles de millones a organizaciones privadas”, lo que incluye traspasos a fundaciones conocidas y con correctos sistemas de control.
- En términos de las medidas que deberán adoptarse, planteó que debiera haber una legislación específica por el tema.
Cómo complica esto a La Moneda. La determinación de Bermúdez generalizó una crisis que La Moneda buscaba acotar en sus repercusiones políticas. A la fecha, esta ha derivado en la salida de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD) y del seremi del ramo de Antofagasta.
- El ministro Carlos Montes entregó el miércoles 3 carpetas a la fiscalía de Antofagasta y respecto del caso de la fundación Urbanismo Social, dijo que “si aparece algún elemento que no corresponde, ahí nosotros vamos a reaccionar”. La decisión del contralor lo dejó así, más expuesto a críticas.
- En este último caso se indaga que hasta abril de 2022 Rodrigo Hernández (RD) fuera director del área jurídica de Urbanismo Social, en donde trabajó 6 años y 7 meses. En ese mes fue designado como Seremi de Vivienda del Maule, entidad que realizó cuatro transferencias por $109 millones a la fundación que Hernández había abandonado hacía solo 6 meses.
- El abogado, en cuya cuenta de Twitter aparecen publicaciones apoyando la campaña parlamentaria de Giorgio Jackson, se ha defendido señalando que él se inhabilitó de la operación, pese a que la exsubsecretaria Rojas fue alertada de un posible conflicto de interés.
- Entre octubre y diciembre, Urbanismo Social recibió ocho transferencias desde la cuestionada Seremi de Vivienda de Antofagasta, por $577 millones.
- A esta situación se suma que el ex coordinador de la campaña del “Apruebo” Felipe Heusser envió el martes una carta al Consejo para la Transparencia, abriendo una nueva arista. Explicó que los $31 millones 540 mil que el Servicio Electoral (Servel) registró como aportes de campaña para Democracia Viva, correspondieron a dineros aportados por particulares para apoyar la campaña en favor del texto constitucional —rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre—, quienes desconocían que sus fondos pasarían por la fundación.
