El gobierno presentó este lunes un veto aditivo y sustitutivo para reponer en el Congreso el proyecto de ley que implementará el Ingreso Familiar de Emergencia, que consiste en entregar una ayuda económica a los trabajadores informales y sus familias. Según el Ejecutivo, son cerca de 4,5 millones de personas las que serían beneficiarias.
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“Esperamos, en esta última oportunidad legislativa, que los parlamentarios comprendan que este llamado que ha hecho el Presidente a comprender que los beneficiarios son demasiados y no pueden seguir esperando. Esperemos que saquemos este veto durante esta semana”, dijo el ministro Secretario General de la Presidencia Felipe Ward.
“Si el veto se rechazara, sería gravísimo y creo que nadie está poniéndose en ese lugar, de forma de explicarle a 4,5 millones de personas que no se va a entregar este beneficio, porque hubo diferencias políticas”, agregó el secretario de Estado.
El ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel en tanto, el rostro visible del proyecto, explicó que hay dos cambios sustanciales que incorpora el veto. Uno es que no habrá diferencias en montos recibidos para los beneficiarios, que corresponden al 60% de las personas más vulnerables que viven de ingresos informales, y que aquellos mayores de 70 años, que por el hecho de vivir solos pudieran quedar fuera del beneficio, serán incorporados.
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“Sabemos que esta crisis tiene una profundidad que es más larga que tres meses y puede ser más ancha incluso que estos 4,5 millones de personas y lo que tenemos que hacer responsablemente es decir que después de estos tres meses no los vamos a dejar solos y a aquellos que no son potenciales beneficiarios de esta medida, tenemos que tener recursos para ayudarlos también”, dijo Sichel.
Desde la oposición cuestionaron los 260 mil pesos que recibirán los beneficiarios y pidieron que la cifra fuera, al menos, la del salario mínimo y también se mostraron en contra de que la ayuda, que se extenderá por tres meses, fuera disminuyendo cada mes.
