El año 2017 contempla pasos claves en el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en lo que concierne al “proceso constituyente”.
De acuerdo al cronograma que se maneja en La Moneda, en los próximos meses se debería concretar la redacción y el envío de la ley que permita establecer la nueva constitución, consignó La Tercera.
La ley procedería de la información recabada en las bases ciudadanas, que se redactaron tras los cabildos ciudadanos que se realizaron a lo largo del país.
Asimismo, se debería llevar a cabo la reforma que habilite al Congreso a modificar la constitución chilena.
Sin embargo, al interior del Oficialismo y el Ejecutivo, se ha hecho presente que con el calendario actual, en el que quedan solo 17 meses de Gobierno, cumplir con todas las medidas en las fechas indicadas resulta complejo, especialmente el volver a generar un debate a nivel nacional acerca de la futura Carta Magna.
La razón detrás del actual escenario se debe a factores como la existencia de otras prioridades legislativas, en conjunto con el bajo apoyo ciudadano que tiene la Presidenta.
Aún más, al revisarse las diferentes asignaciones monetarias al interior del presupuesto 2017, se puede observar que los gastos destinados al proceso constituyente al interior de la Secretaría General de la Presidencia y de la Secretaría General de Gobierno, se redujeron en casi el 100%.
En el caso de la cartera manejada por el ministro Mario Fernández, en 2016 hubo un total de $504.696 millones destinados a “Estudios para una nueva Constitución”, mientras que para el año 2017, no hay ningún fondo destinado a esa categoría.
En lo que respecta a la Secretaría General de Gobierno, quienes son los encargados de informar a la población acerca de las políticas del Ejecutivo y los que se dedicaron a difundir la existencia de los cabildos ciudadanos, hubo una eliminación del gasto asignado a ese sector para 2017, que en 2016 ascendía a $1.133.000 millones.
Mientras que en la Secretaría General de la Presidencia se pasó de $1.284.406 millones en 2016 a $139 millones en 2017. Estos recursos van asignados a la categoría de “Estudios finales del proceso constituyente”.
Al interior del Gobierno señalaron que los montos responden a estudios que quedaron pendientes, por una parte y por otra a encargarse de la difusión de la nueva etapa del proceso constituyente, la que sería significativamente menor en términos económicos, que la anterior. Es así como se explica, de acuerdo el Ejecutivo, la reducción de un 95% de los gastos ascociados al proceso constituyente.
Cuestionamientos
La información acerca de los nuevos montos asociados a la creación de la nueva constitución, llega en el marco de las interrogantes que han realizado diversos sectores de la sociedad, que fueron parte de las etapas que se han llevado a cabo hasta ahora en el proceso constituyente.
Los cuestionamientos apuntan a que actualmente no existen las condiciones para continuar con el desarrollo de una nueva Constitución, en la manera en que se comprometió la Mandataria.
Encargados de redactar las conclusiones de las etapas de diálogos y participación ciudadana han señalado que resulta complejo avanzar en la tarea, en el escenario actual. Motivo por el que hicieron llegar un oficio al Consejo de Observadores Ciudadanos, en el que indicaron que va a ser recién a mediados de noviembre cuando puedan obtener datos cualitativos del proceso participativo, de forma consolidada. Esa información, se supone que debería ser utilizada para elaborar las bases ciudadanas de la Carta Magna.
Al interior del Consejo explicaron que se “van a tener que flexibilizar los planes originales”, si se quiere hacer bien el trabajo.
De hecho, algunos integrantes del Consejo, como el abogado Francisco Soto, sostienen que no hay “viabilidad política” con el actual Gobierno para realizar la nueva Constitución, debido al bajo respaldo ciudadano, por lo que consideran que sería mejor “entregar a otro Gobierno el impulso del cambio constitucional”.
